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bienestar social

24/10/2022@20:49:44

El Gobierno autorizará este martes en Consejo de Ministros efectuar un "único pago en concepto de anticipo" del reparto de los 483,2 millones de euros a las comunidades autónomas para la financiación del nivel acordado de la Ley de Dependencia, de los que Castilla-La Mancha percibirá 31,9 millones, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, Bárbara García, ha ofrecido datos actualizados al respecto de la acogida de refugiados ucranianos en la Comunidad Autónoma, apuntando que son un total de 2.738 los que ya han llegado, 1.042 de ellos menores; con un total de 2.044 empadronados.

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha advertido de que no se puede ir a un modelo de residencias que "no tiene financiación", por tanto, ha enfatizado, "si ese es el modelo que quiere el Gobierno de España, que lo financie", ha apostillado.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido este viernes organizar el tráfico de ayuda que se está recaudando para enviar a Ucrania a fin de que este despliegue de solidaridad se canalice para que sea "eficaz". Para ello, ha sugerido gestionarlo a través de la Consejería de Bienestar Social.

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha explicado este jueves que los dos años de pandemia por COVID-19 han agravado los problemas de salud mental a los que se enfrentan estas franjas de edad más bajas.

Castilla-La Mancha ha ganado 33.383 prestaciones, ha reducido en un 39% la lista de espera y ha crecido un 14,1 por ciento en empleos indefinidos en el sistema de dependencia a cierre de 2021, según ha avanzado este jueves la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano. En la actualidad en la región hay 63.800 personas atendidas, "un 84% por ciento más que en julio del 2015".

La Consejería de Sanidad ha aprobado medidas para los centros, servicios y establecimientos de servicios sociales en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Por ello, limita el número de visitas a una por residente y semana, y de duración máxima de dos horas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha comenzado esta semana el reparto de los 70.000 test rápidos de antígenos que se distribuirán entre los centros, servicios y establecimientos de servicios sociales de atención a personas mayores y personas con discapacidad de la región, tanto públicos como privados, para controlar los contagios por Covid19 entre trabajadores de estos recursos.

La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García, ha indicado este miércoles que la afección de COVID en las residencias de mayores de la Comunidad Autónoma "no es exageradamente alarmante y grave" actualmente, al margen de que la situación de algún mayor, por otras patologías, pueda complicarse.

Castilla-La Mancha ha cosechado un 8,1 en el XXII Dictamen del Observatorio de la Dependencia, de forma que se consolida en la segunda posición entre todas las comunidades autónomas en cuanto a la prestación de este servicio.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha actualizado los datos oficiales de refugiados llegados a territorio castellanomanchego en las últimas horas, según los datos ofrecidos por ACCEM, como entidad de primera acogida, según los cuales ya hay en Castilla-la Mancha 25 personas refugiadas, de las cuales 12 son menores, y se espera recibir entre 17 y 20 personas más esta semana".

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha recordado hoy que la legislación que se produce en los Parlamentos tiene “un impacto de infancia” y ha animado a tener en cuenta el modo en que las normativas y políticas influyen entre esta población, a la vez que ha mostrado su “repulsa” por la llegada al Congreso de “los discursos del odio” contra menores extranjeros.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, tras dictar auto la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, se ha visto obligado a rectificar una de las medidas adoptadas para frenar el COVID-19 en centros, servicios y establecimientos de servicios sociales de tal manera que las personas que ingresen de nuevo o reingresen en el centro con una PDIA negativa no permanecerán en cuarentena durante cinco días.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado suspender las salidas de los usuarios de residencias de mayores de la región de una duración menor a siete días, dado que estos centros se están viendo afectados por la incidencia del COVID-19, con un incremento paulatino del número de casos y brotes, lo que supone, en una población muy vulnerable como las residencias, un elevado riesgo de hospitalizaciones y defunciones.

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a repartir una partida de 8.666.328 euros entre las cinco diputaciones provinciales para garantizar un nuevo modelo de atención integral de la persona que favorezca el desarrollo rural mediante el refuerzo de la atención domiciliaria con una nueva orientación profesional, complementada con un servicio de apoyo nutricional y reparto de comida a domicilio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.