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Castilla-La Mancha se encuentra ante una paradoja energética que el nuevo decreto estatal sobre centros de datos hace todavía más visible. El Gobierno central quiere poner límites al impacto que tendrán estas instalaciones sobre el sistema eléctrico por su elevado consumo, pero al mismo tiempo la comunidad autónoma lleva años reclamando más capacidad de red para atender nuevos proyectos industriales y tecnológicos.