La Audiencia Nacional ha suspendido una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de agosto de 2021 que sancionaba a 12 constructoras con el pago de 61 millones de euros por formar un cártel consistente en la alteración de las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento desde 2014 a 2018. La sanción es la mayor a la que se han enfrentado las compañías de obra civil y llega justo en el momento en el que la patronal del sector trataba de que el gobierno implantase un peaje a los usuarios de las autovías para llevar a cabo un ambicioso plan de mantenimiento de las vías. Un peaje, que forma parte del plan de actuación remitido por el gobierno a Bruselas, como reforma para obtener los fondos de recuperación.