Parlamento

El Gobierno ha dado este viernes el pistoletazo de salida a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027 con la publicación en el BOE de la orden ministerial que fija el calendario y las directrices para los distintos ministerios. Sin embargo, el arranque del nuevo ciclo presupuestario convive con una realidad ya estructural en la política fiscal española: los Presupuestos vigentes siguen siendo los de 2023, prorrogados automáticamente por la falta de nuevas cuentas aprobadas en el Congreso.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recalcado la voluntad del Gobierno de aprobar una ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2026 y de llevarla al Parlamento, aunque ha reconocido que "ahora no es el momento" por la incertidumbre económica y geopolítica actual.

La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha se ha reunido este lunes en el Consistorio de Barrax (Albacete), presidida por Pablo Bellido y en su formato itinerante, una iniciativa que pretende acercar el parlamento al territorio. Durante esta sesión se ha dado el primer paso para que la institución promueva la celebración en Castilla-La Mancha de los 50 años de la Transición Española y la reinstauración de la democracia en nuestro país.

Las Cortes de Castilla-La Mancha celebran el próximo sábado 18 de abril una nueva jornada de Puertas Abiertas, de modo que las personas interesadas en conocer su sede del Convento de San Gil de Toledo en Toledo, también conocida como ‘Gilitos’, puedan formar parte del grupo que llevará a cabo un recorrido guiado.

El Grupo Parlamentario Vox ha acusado al presidente de las Cortes de Castilla‑La Mancha, Pablo Bellido, de “bloquear” su solicitud a la Cámara de Cuentas para la elaboración de un informe sobre el impacto de la inmigración en las cuentas públicas de la Junta de Comunidades de Castilla‑La Mancha. Según el portavoz de Vox, Iván Sánchez, esta paralización “atenta directamente contra el funcionamiento democrático del Parlamento y vulnera derechos de este grupo parlamentario", porque la petición —presentada en septiembre— no ha recibido respuesta pese a que, según su interpretción del reglamento, debería contestarse en un plazo máximo de un mes