El presidente de Castilla-La Mancha ha clamado y reclamado nuevamente la necesidad de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (el órgano encargado de llevar a cabo esa reforma y que está integrado por el gobierno central y las regiones españolas) aborde con urgencia esa reforma.
El clima político, la falta de interés por parte del gobierno central y las exigencias nacionalistas dificultan esa reforma. Dicho de otra manera, los cálculos de buena parte de la clase política juegan contra los intereses de los ciudadanos, que son los beneficiarios de la sanidad, la educación, los servicios sociales y la vivienda.
Presume el gobierno central de que “la economía va como un cohete”, de que el crecimiento es fuerte. Nunca antes el gobierno central recaudó tanto. Y sin embargo en los últimos siete años se ha ido posponiendo el establecimiento de un modelo de financiación autonómica que garantice el Estado del Bienestar que es, en teoría, el objetivo de cualquier fuerza que se proclame progresista.
En 2017 y 2018 la Junta de Andalucía organizó foros y encuentros con otras comunidades para consensuar una postura común e impulsó resoluciones en el Parlamento andaluz exigiendo al Gobierno central la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para abordar la reforma. Asimismo, Andalucía abogó por blindar la financiación de la sanidad, educación y servicios sociales y por garantizar la suficiencia de recursos para mantener la autonomía fiscal y la prestación de servicios públicos. Durante parte de esa época, la titular de la Hacienda andaluza era la hoy ministra responsable de impulsar el modelo de financiación, María Jesús Montero.
Lo que hoy reclama Castilla-La Mancha y su presidente no es ni más ni menos que lo que reclamaba Montero hace ocho años.
Conviene recordar que, en aquella época, otras comunidades gobernadas por el PSOE, como Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y Comunidad Valenciana, compartieron la preocupación por la insuficiencia del sistema y la falta de equidad. Sus presidentes reclamaron un nuevo reparto que corrigiera los desequilibrios y atendiera criterios de población ajustada, dispersión geográfica y envejecimiento. Hoy sólo Asturias y Castilla-La Mancha tienen presidentes socialistas, que reclaman lo mismo que en 2017
En 2017 los gobiernos socialistas mantuvieron reuniones para coordinar sus demandas y presentaron propuestas conjuntas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Una de las reivindicaciones comunes fue la necesidad de un pacto político de Estado que garantizara la estabilidad financiera de las comunidades y la corresponsabilidad fiscal con el Estado. Además, defendieron que la reforma debía realizarse mediante diálogo y consenso político, evitando enfrentamientos territoriales.
La realidad es que en esta materia, que es de Estado y que afecta a la propia concepción y estructura político-administrativa de España, prevalece el corto plazo, la necesidad que tiene el gobierno de sostenerse y ese sostenimiento depende de las fuerzas nacionalistas catalanas, que son las que están marcando el ritmo y el contenido en esta materia.
Condonación de deuda, cupo o castigo a otras regiones como Madrid, son los ejes de la negociación. Nada de sanidad, nada de educación, nada de vivienda, nada de dependencia. Nada de los ciudadanos, nada de lo social. Así las cosas, parece difícil que se pueda abordar esa negociación.
Quizás la solución pase por un intento de acuerdo entre catorce de los quince presidentes de Comunidades de régimen común (todos menos Cataluña) y que cerrado ese acuerdo se traslade al gobierno. Las dificultades no son pocas, porque hay regiones que quieren que primen unos criterios como el de habitantes, otras que se fundamentan en el coste de los servicios… Pero va siendo hora de que las Comunidades den una lección de Estado. Y para empezar sería más que conveniente que aquí, en Castilla-La Mancha, en este tema gobierno y oposición cerraran un acuerdo sobre las líneas básicas de ese modelo; un acuerdo lo suficientemente flexible para no encorsetar la negociación con el resto de regiones. Tan solo la creación de esa mesa de negociación de las catorce Comunidades podría espolear al gobierno para abordar de una vez por todas el nuevo modelo de financiación. Una mesa que dejaría en evidencia al gobierno central y a las fuerzas nacionalistas.
Es evidente que para el nuevo ciclo autonómico, el que se abrirá a partir de 2026 y 2027, sería conveniente contar ya con ese nuevo modelo, donde además se garantizase la autonomía financiera de las regiones españolas. Nadie sabe qué se votará en las próximas autonómicas, qué formaciones ganarán, pero el acuerdo permitiría a los gobiernos entrantes contar con la principal herramienta para impulsar y mejorar la atención sanitaria, educativa y social y para impulsar la construcción de viviendas asequibles.
Si (
No(
