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La competitividad de las comunidades autónomas disminuyó en promedio un 2,3% en 2020, en sintonía con las fuertes disminuciones del Producto Interior Bruto (PIB) de las regiones debido al impacto de la pandemia de la Covid-19.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dado un paso al frente en la lucha por una financiación autonómica adecuada para Castilla-La Mancha y ha propuesto que la próxima reunión de presidentes autonómicos para abordar el sistema de financiación se celebre en Toledo. "Para que les quede claro que no vamos a parar", ha asegurado el jefe del Ejecutivo.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su rechazo al proyecto de ley de universidades planteado por el Gobierno estatal, asegurando que el hecho de que no tenga consenso hace que "no pueda garantizar credibilidad del sistema universitario", al ser una norma que "se está imponiendo".

El Ministerio de Hacienda y Función Pública transferirá este viernes los 4.046 millones de euros restantes del fondo extraordinario de 13.486 millones de euros destinado a las Comunidades Autónomas con base en el criterio de población ajustada, según el cual, Castilla-La Mancha recibirá 181,6 millones.

La aportación del Estado al Sistema de Atención a la Dependencia en 2020 fue de 1.309 millones de euros, que supone un 15,6% del total y que, según ha denunciado la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, se trata del valor más bajo de la historia de la Ley de Dependencia, que se puso en marcha en 2007. De igual modo, han alertado de que cuatro comunidades han disminuido su gasto anual en Dependencia en 2020, con respecto a los datos recogidos en 2019, que son Cantabria, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y La Rioja.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado que todas las comunidades autónomas en su conjunto necesitan una financiación autonómica "distinta" y no cree que el nuevo modelo deba pasar porque los distintos territorios "nos quitemos dinero unos a otros".

El Ministerio de Hacienda ha confirmado que en los presupuestos generales para el año 2022 se incluye una partida de 3.100 millones de euros para pagar la deuda que se mantiene con las Comunidades Autónomas por la retención de una mensualidad del IVA del año 2017, que debería haberse transferido a las regiones en 2019.

La financiación autonómica se cuela en las agendas y la guerra silenciosa entre regiones que había destapado clm21.es hace dos semanas pasa a ser a cara descubierta. Los gobiernos se alinean por criterios económicos y no ideológicos en tres bandos: los que más aportan, los que más población tienen y en los que más cuestan los servicios públicos. La ministra de Hacienda que ve inevitable la negociación porque comunidades como Valencia la exigen, pide acuerdos internos al PP y al PSOE para luego hacer una negociación entre ambos partidos

El presidente de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y miembro de la comisión de expertos que elaboró en 2017 las recomendaciones para la reforma del modelo de financiación autonómica, Ángel de la Fuente, se ha mostrado partidario de que mientras se aborda ese nuevo sistema el Estado haga una aportación unilateral para nivelar a las comunidades peor financiadas, entre las que se encuentra Castilla-La Mancha, y de que se vayan sentando las bases “para avanzar hacia la plena responsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas, esto es, hacia una situación en la que el grueso del gasto de estas administraciones se financiaría a través de impuestos autonómicos claramente perceptibles como tales por los ciudadanos, sin renunciar a mecanismos potentes de nivelación”.

La infrafinanciación del actual sistema, la inflación, el regreso a la disciplina fiscal europea y el crecimiento económico por debajo de las previsiones forman un peligroso cóctel que amenaza la sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas, especialmente de aquellas más endeudadas (Valencia, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña, Baleares y Extremadura) o con mayores déficits de financiación (Valencia, Castilla-La Mancha, Andalucía o Canarias). El escenario es el que ha urgido a las regiones a reclamar ya un nuevo modelo de financiación que sustituya al que se aprobó en 2009 y que está prorrogado desde su vencimiento en 2014. Castilla-La Mancha sufre ya con fuerza la presión. Su presupuesto para 2022 se contrae al crecer por debajo de la inflación, todo ello a pesar de aumentar el gasto a costa de disparar el déficit y la deuda, que ya es elevada entre otras cuestiones por la infrafinanciación de 1.250 millones de euros anuales que padece la región.

Según el informe elaborado por la Intervención general del Estado sobre los presupuestos de las Comunidades Autónomas, en inicio estos contemplan que las regiones españolas prevén cerrar el año con un déficit de -8.987 millones de euros, de los que el 5% (-445,5 millones) lo generaría Castilla-La Mancha.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha abogado por que el nuevo modelo de financiación autonómica venga aparejado de "criterios estables que se revisen automáticamente" conforme a distintas variables que permitan su modulación al margen de "debates o compadreo político".

  • 142 millones le corresponden a Castilla-La Mancha

Las dos sentencias del Tribunal Supremo que obligaban al Estado a devolver a la Junta de Castilla y León y la Xunta de Galicia una parte de la liquidación del IVA de 2017 han provocado que el Gobierno haya avanzado que movilizará en torno a 3.500 millones de euros en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) destinados a las comunidades autónomas y entidades locales para solventar este perjuicio económico.

El Gobierno remitirá una carta a los presidentes de las comunidades autónomas solicitando la identificación de los proyectos más emblemáticos que generen mayor efecto tractor sobre la economía de su territorio y estén alineados con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transición Digital, Nadia Calviño, ha anunciado este lunes que está diseñando una aclaración al decreto de ayudas directas para que las comunidades autónomas, si lo desean y tienen aún recursos disponibles, puedan lanzar una convocatoria adicional a fin de llegar a más pymes y autónomos.