El eje central de la propuesta es una inyección muy relevante de recursos estatales al sistema de financiación autonómica. El Gobierno presenta esta aportación como un refuerzo del Estado del bienestar, pero el informe advierte de su principal riesgo: debilitar todavía más los incentivos a la disciplina fiscal de las comunidades. Más recursos autonómicos implican necesariamente menos margen para el Estado o un aumento de la presión fiscal, en un momento en el que la Administración central ya soporta un déficit elevado y afronta crecientes necesidades de gasto, desde la defensa hasta el desequilibrio estructural de la Seguridad Social.
Desde el punto de vista del diseño, la reforma introduce mejoras parciales. Siguiendo recomendaciones ampliamente compartidas por los expertos, se plantea eliminar los Fondos de Convergencia y reducir el peso del Fondo de Suficiencia. El nuevo esquema se articula en torno a dos grandes mecanismos: una nivelación horizontal similar al actual Fondo de Garantía y una nivelación vertical destinada a corregir las desigualdades que persistan tras la primera fase. Esta arquitectura, muy próxima a la propuesta por la Comisión de Expertos de 2017, simplifica el sistema y reduce las disparidades de financiación entre territorios, evitando reordenaciones difíciles de justificar en términos de recursos por habitante ajustado.
Sin embargo, buena parte de estas mejoras se diluyen con la introducción de nuevos fondos ad hoc. El llamado Fondo Climático, dotado con 1.000 millones de euros, distribuye financiación incondicionada bajo el argumento de la lucha contra el cambio climático, beneficiando especialmente a las comunidades del litoral mediterráneo por su supuesta mayor exposición. FEDEA considera que se trata más de un gesto político que de una herramienta eficaz, ya que la transición climática exige estrategias coordinadas y recursos muy superiores, fuera del sistema ordinario de financiación autonómica.
Aún más controvertido resulta el denominado Mecanismo IVA Pymes, que introduce una prima de financiación para Cataluña por el peso atípico de las pymes societarias en su economía y su saldo exportador con el resto del país. El informe cuestiona abiertamente que este rasgo genere un beneficio social que deba ser compensado vía transferencias y alerta de los incentivos perversos que podría provocar, como la competencia entre comunidades por atraer domicilios fiscales o el desincentivo al crecimiento empresarial.
En paralelo, la propuesta gubernamental plantea limitar la capacidad normativa de las comunidades para bajar impuestos, bajo la premisa de combatir un supuesto dumping fiscal. FEDEA subraya que esta justificación es débil y refleja un escaso respeto por la autonomía fiscal. Más preocupante aún es la apuesta por un modelo asimétrico de gestión tributaria “en red”, que podría erosionar el principio de caja única y fragmentar la Agencia Tributaria, aumentando costes y pérdidas de eficiencia.
Las simulaciones con datos de 2023 muestran ganadores y perdedores claros. El índice de financiación por habitante ajustado mejora notablemente en comunidades como la Comunidad Valenciana, mientras que retrocede en otras como Cantabria. Cataluña es la gran beneficiada en términos absolutos, con una ganancia estimada de más de 500 euros por habitante ajustado. En el otro extremo, varias comunidades —entre ellas Castilla y León, Extremadura y La Rioja— quedan sujetas a una cláusula de statu quo que congela su financiación. En el caso de Castilla-La Mancha, el impacto es más limitado, pero la región seguiría dependiendo en gran medida de los mecanismos de nivelación, sin un salto significativo en recursos.
El análisis concluye con una propuesta alternativa: mantener la estructura básica de doble nivelación, eliminar los ajustes arbitrarios y renunciar al aumento del porcentaje de cesión del IRPF. En su lugar, FEDEA plantea que sean las propias comunidades las que negocien una eventual subida de la escala de referencia del impuesto, reforzando así la corresponsabilidad fiscal y la transparencia del sistema.
Para Castilla-La Mancha, el debate no es menor. La reforma promete un reparto algo más equitativo, pero también consolida un modelo en el que los parches políticos siguen pesando demasiado. El reto, una vez más, será lograr un sistema estable, previsible y basado en criterios objetivos que garantice la financiación de los servicios públicos sin agravar los desequilibrios ni comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas del Estado.
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