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financiación autonómica

  • En los nueve primeros meses el flujo de cambios de domicilios se salda a favor de nuestra Comunidad, igual que ocurrió en 2019, 2018 y 2017

¿Los beneficios fiscales que ofrece la Comunidad de Madrid contribuyen a robar empresas a Castilla-La Mancha? Es un debate que se mantiene abierto entre el PSOE y el Partido Popular de nuestra región a vueltas con el modelo fiscal. Lo cierto es que los datos oficiales del Colegio de Registradores de España vienen a poner de relieve que el dumping fiscal en materia empresarial no funciona o al menos no en la medida que se traslada en los debates políticos… Nuestra Comunidad roba más empresas a Madrid que las que Madrid roba a Castilla-La Mancha. En los nueve primeros meses el movimiento se salda a favor de nuestra Comunidad con 17 compañías. En el mismo periodo del año pasado el saldo también se decantó a favor de Castilla-La Mancha con 14 sociedades de diferencia. Lo mismo sucedió en 2017.

  • Los informes económicos empujan a los gobiernos para que controlen los rebrotes, que sitúan como la principal causa en sus revisiones a la baja del crecimiento
  • Los ajustes a la baja deterioran el marco presupuestario del gobierno

Las estimaciones de los diferentes organismos y centros de estudio sobre el empeoramiento de la situación de la economía española y la ralentización de la recuperación meten presión a las administraciones públicas y a los partidos políticos, tanto en el terreno sanitario como en el de política económica y presupuestaria. El último informe en poner de relieve el empeoramiento del escenario es el del Banco de España. El organismo regulador cifra la caída del PIB en 2020 entre un 10,5% y un 12,6%, fija un escenario para 2021 de un crecimiento de entre el 4,1% y el 7,3% y pone en el año 2023 el horizonte a partir del cual se podría recuperar el nivel previo a la recesión provocada por la pandemia. Serían no menos de tres años perdidos, con más paro y menos volumen generado por los distintos sectores.

La caída en 25.000 millones de los ingresos del Estado amenaza las cuentas autonómicas

  • Las Comunidades siguen pagando por las liquidaciones de 2008 y 2009, que les obligaron a devolver 24.235 millones.
  • Las entregas a cuenta de la financiación 2020 no contemplan el impacto de la pandemia en la recaudación

En las Haciendas regionales se baraja ya cómo afrontar dentro de dos años la liquidación de la financiación recibida a cuenta en 2020. Se es consciente de que la paralización de la actividad económica y las secuelas del Covid en el tejido productivo va a obligar a las Comunidades a devolver grandes sumas al Estado. Las regiones han recibido un dinero a cuenta, que se saldará dentro de dos años cuando se conozca exactamente la recaudación que ha tenido el Estado en 2020. En la memoria todos tienen el tsunami que se produjo en 2010 y 2011 cuando se liquidaron los dos primeros ejercicios de la Gran Recesión. La liquidación de 2008 supuso que las Comunidades tendrían que devolver 5.500 millones. En 2009 la cuenta a devolver fue de 18.735 millones de euros. A día de hoy, las regiones españolas todavía siguen pagando esa deuda, que en principio iba a abonarse en 60 plazos mensuales (cinco años) y que se prorrogó a 120 (10 años) y, más tarde a 240 (20 años). En el caso de Castilla-La Mancha, la deuda arrastrada es de 1.299 millones de euros, 265 millones de 2018 y 1.034 de 2019.

Las comunidades autónomas podrán destinar la parte de los Fondos FEDER 2014-2020 no asignados ni ejecutados a gasto sanitario. Una medida que ha sido posible tras las intensas negociaciones llevadas a cabo entre el Gobierno de España y la Comisión Europea con el objetivo de dotar de mayores recursos a las comunidades autónomas para reforzar su sistema sanitario y combatir la pandemia. Esta medida permitirá movilizar hasta 3.200 millones de euros en la lucha contra el virus

  • El sector autonómico alcanzó un desajuste del 0,55% del PIB y Castilla-la Mancha del 1,2%.El límite estaba establecido en el 0,1%
  • El aumento del gasto social y de las retribuciones a funcionarios y el peor comportamiento de ingresos, causas del déficit

Ninguna de las Comunidades Autónomas de régimen común cumplió en 2019 el objetivo de déficit establecido en el 0,1% del PIB (1.245 millones de euros para las 17 Autonomías). La cifra de déficit del conjunto de las administraciones públicas se situó en 6.795 millones de euros (0,55% del PIB), a pesar del superávit registrado en las dos regiones con régimen foral, Navarra (98 millones) y País Vasco (328 millones). Valencia, con un déficit del 1,91%, Murcia (1,72%), Extremadura (1,24%), Castilla-La Mancha (1,2%) y Aragón (1,01%), fueron las regiones españolas que presentaban mayor necesidades de financiación. En el caso de Castilla-La Mancha, el déficit alcanzado fue de 515 millones de euros, muy alejado de los 45 establecidos como tope.

A finales de 2019 ascendía a 4.170 millones

  • El año pasado, el retraso en la transferencia de fondos y la retención por el Ministerio de 2.538 millones de las Comunidades aumentó la deuda en 1.000 millones
  • Casi todas las regiones, entre ellas Castilla-La Mancha, tienen presentados o anunciados recursos judiciales contra el Ministerio

Las regiones españolas vienen reclamando desde hace años la revisión del modelo de financiación que les permita cubrir los servicios básicos, fundamentalmente el sanitario. Ya en 2018, la actual ministra de Hacienda, entonces consejera de Andalucía, estimaba la necesidad de aumento de la financiación autonómica en 16.500 millones de euros, cifra que, actualizada dos años después, superaría los 23.000 millones. Lejos de haberse producido esa mejora, la retención el año pasado de fondos del Estado a las Comunidades Autónomas, especialmente el no libramiento de 2.538 millones de euros (136 a Castilla-La Mancha) que les tenía que haber transferido por la liquidación del IVA de 2017, provocó tensiones en las tesorerías de las regiones que vieron aumentar tanto su Periodo Medio de Pago (PMP) a sus proveedores como el importe de su deuda comercial. Los más afectados por los retrasos fueron los que facturan mayor volumen a las administraciones autonómicas, entre los que se encuentran los de productos sanitarios. El libramiento de esos fondos que correspondían a las Comunidades les hubiera permitido sanear sus arcas y reducir su deuda hasta los 3.600 millones, 1.430 millones menos que en 2018. La retención, en cambio, provocó el efecto contrario. También un rosario de anuncios de demandas judiciales de los gobiernos autonómicos contra el gobierno central, entre ellos el de Castilla-La Mancha.

  • “Tienen que ver con la igualdad de oportunidades entre el medio rural y el medio urbano y con la cohesión social; la recuperación por completo de la sanidad, de la política social y también de la educación”
  • “El PP debe volver a una política de utilidad para el país y de centrismo en las formas para tejer desde el punto de vista de la convivencia y el acuerdo”

Es de los políticos que ha ido haciendo su currículum desde los cimientos. Su primer cargo público fue el de concejal de su pueblo, Escalona (Toledo; 3.420 habitantes). Fue en 2007, año en el que cumpliría los 25. En tres ocasiones este licenciado en derecho y máster en gestión y dirección de empresas se quedó en puertas del escaño (europeo, de congresista y de senador), que finalmente consiguió en el Parlamento Europeo en junio de 2010. Tiene una amplia trayectoria en la vida interna del Partido Socialista y de las Juventudes Socialistas, de las que llegó a ser secretario general en julio de 2007. Cinco años después formó parte de la ejecutiva federal del PSOE. En octubre de 2017 se convirtió en secretario de organización del PSOE de Castilla-La Mancha, en el número dos de la formación en la Comunidad Autónoma. Diputado en el Congreso, es una de las piezas claves en el engranaje político regional, en el diseño de políticas y mensajes.

Pide una reunión con el vicepresidente Pablo Iglesias

  • En el último año Castilla-La Mancha ha dejado de percibir del Estado algo más de 26 millones de euros como consecuencia de los recortes
  • Castilla-La Mancha aporta al Sistema más de 400 millones de euros, el 82% del gasto público, mientras la aportación del Ministerio es de 73,5 millones de euros (18%)

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha manifestado durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno que “desde la Comunidad Autónoma vamos a trasladar la necesidad de una reunión urgente con el viceprensidente de Derechos Sociales del Gobierno de España, Pablo Iglesias, con el objetivo de tratar el Sistema de Dependencia y su financiación en la región”. A la espera, ha indicado Aurelia Sánchez, “de que se produzca también el Consejo Territorial de Derechos Sociales, que ya se debería haber producido”.

  • La financiación efectiva por habitante fue de 2.637 euros, la cuarta más baja del país

La financiación efectiva por habitante de Castilla-La Mancha se redujo en 2018 un 0,1% y se situó en los 2.637 euros. La financiación final de 2018 se realiza en 2020 una vez conocido el comportamiento de los ingresos fiscales y, a partir de ese cálculo se realiza la liquidación entre el Estado y las Comunidades sobre las entregas a cuenta que se adelantaron en 2018.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha tildado de “injusto” el último cambio de criterio elegido por el Ejecutivo central para el reparto de los fondos de compensación de 16 mil millones de euros que se van a poner a disposición de las comunidades autónomas para paliar los gastos derivados de la pandemia de la COVID-19. Disconformidad que el presidente ha trasladado durante la décimo tercera videoconferencia de presidentes autonómicos celebrada hoy.

  • Los 14.000 millones anunciados son de adelantos del dinero que ya debían recibir las Comunidades o en créditos
  • La medida alivia las tensiones de tesorería de las regiones españolas generadas por su mayor gasto sanitario y la caída de sus ingresos propios por la pandemia

El gobierno de España no aportará 14.000 millones de euros en fondos extraordinarios a las Comunidades Autónomas para la lucha contra el coronavirus. 8.367 millones de euros de esa cuantía se corresponden con adelantos de transferencias de dinero que el Gobierno central debe hacer este año a las Comunidades por el sistema de financiación (entregas a cuenta 2020 y liquidación de 2018). Otros 5.500 serán mediante créditos que las Comunidades deberán devolver con intereses al gobierno central. No hay un refuerzo directo del Fondo de Garantía para la prestación de los servicios públicos esenciales, es decir no se produce una ampliación de los mecanismos ordinarios de financiación de las Comunidades Autónomas, más allá de alguna transferencia a fondo perdido, como la de 300 millones para atender a las personas más vulnerables. Por otra parte el gobierno central ha retenido los fondos de las Comunidades Autónomas para políticas activas de empleo, que superan tres veces esa cantidad. La medida adoptada por el gobierno es adelantar ese dinero y los créditos (los 14.000 millones) para que las Comunidades Autónomas puedan hacer frente a sus pagos, en un momento en que sus tesorerías pasan dificultades por el aumento del gasto sanitario y la reducción de sus ingresos propios, lo que amenaza el pago a proveedores y, en algún caso, de las nóminas de los empleados públicos.

Dice el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que “la primera lección de esta crisis es que necesitamos una sanidad pública más fuerte; con profesionales que no trabajen en condiciones de precariedad y con más capacidad para enfrentar situaciones como esta. No podemos dejar a toda la gente que está dando la cara por todos nosotros, jugándose la vida y la salud… no les podemos dejar con condiciones de precariedad” (Telediario segunda edición. TVE. 6 de abril de 2020). Y dice la verdad.

  • La caída de ingresos tributarios se suma al aumento del gasto por la pandemia y las medidas económicas adoptadas por el gobierno
  • Las Comunidades Autónomas sentirán el golpe en sus ingresos en las cuentas del año que viene y en la liquidación que se haga en 2022 de la financiación de 2020

Todos los analistas coinciden: Después del coronavirus, recesión. El propio Banco de España considera que el impacto en la economía “será muy pronunciado” en términos de crecimiento y de empleo, Aunque el regulador financiero español no se atreve a ponerle cifra a esa caída. El aspecto positivo según el Banco de España, que esa pérdida es recuperable. Una de las derivadas de esa recesión será el impacto en las cuentas públicas. O lo que es lo mismo qué magnitud tendrá la crisis fiscal, cómo la crisis económica afectará a los ingresos del Estado, a la financiación de las Comunidades Autónomas y al dinero disponible para los servicios públicos. En los departamentos de Hacienda de los gobiernos, quien más, quien menos hace cuentas… y reza. Los cálculos de algunos economistas sitúan la caída mensual de recaudación estatal por IVA, IRPF e impuestos especiales en una horquilla que va de los 4.350 millones a los 7.250.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha advertido hoy que sin financiación no puede haber reforma del Estatuto de Autonomía para blindar los Servicios Sociales y Públicos de la región.

Con el calendario propuesto, no entraría en vigor antes de 2022

  • A pesar de que el informe técnico de los expertos se elaboró en julio de 2017, hasta noviembre de este año no habrá un “esqueleto básico” para la negociación
  • El sistema de financiación autonómica vigente lleva siete año prorrogado, entró en vigor en 2009 y debía concluir en 2013

Hasta noviembre no habrá un “esqueleto básico” que sirva de base para la negociación del nuevo modelo de financiación. Así lo ha anticipado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo que hace que con toda probabilidad el nuevo sistema no entre en vigor hasta el año 2022 o 2023, es decir en el tramo final de la presente legislatura castellano-manchega. Las palabras de la titular del Ministerio en su comparecencia en el Congreso confirman las pocas prisas que tiene el ejecutivo central en esta materia y que fundamentalmente vienen determinadas por dos razones: por el desequilibrio de ingresos y gastos que tiene la propia administración central y por la pretensión de las Comunidades de pegarle un mordisco a la tarta de los ingresos y detraer de la administración central un montante que rondaría los 23.000 millones de euros.