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financiación autonómica

La caída en 25.000 millones de los ingresos del Estado amenaza las cuentas autonómicas

  • Las Comunidades siguen pagando por las liquidaciones de 2008 y 2009, que les obligaron a devolver 24.235 millones.
  • Las entregas a cuenta de la financiación 2020 no contemplan el impacto de la pandemia en la recaudación

En las Haciendas regionales se baraja ya cómo afrontar dentro de dos años la liquidación de la financiación recibida a cuenta en 2020. Se es consciente de que la paralización de la actividad económica y las secuelas del Covid en el tejido productivo va a obligar a las Comunidades a devolver grandes sumas al Estado. Las regiones han recibido un dinero a cuenta, que se saldará dentro de dos años cuando se conozca exactamente la recaudación que ha tenido el Estado en 2020. En la memoria todos tienen el tsunami que se produjo en 2010 y 2011 cuando se liquidaron los dos primeros ejercicios de la Gran Recesión. La liquidación de 2008 supuso que las Comunidades tendrían que devolver 5.500 millones. En 2009 la cuenta a devolver fue de 18.735 millones de euros. A día de hoy, las regiones españolas todavía siguen pagando esa deuda, que en principio iba a abonarse en 60 plazos mensuales (cinco años) y que se prorrogó a 120 (10 años) y, más tarde a 240 (20 años). En el caso de Castilla-La Mancha, la deuda arrastrada es de 1.299 millones de euros, 265 millones de 2018 y 1.034 de 2019.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha tildado de “injusto” el último cambio de criterio elegido por el Ejecutivo central para el reparto de los fondos de compensación de 16 mil millones de euros que se van a poner a disposición de las comunidades autónomas para paliar los gastos derivados de la pandemia de la COVID-19. Disconformidad que el presidente ha trasladado durante la décimo tercera videoconferencia de presidentes autonómicos celebrada hoy.

  • Los 14.000 millones anunciados son de adelantos del dinero que ya debían recibir las Comunidades o en créditos
  • La medida alivia las tensiones de tesorería de las regiones españolas generadas por su mayor gasto sanitario y la caída de sus ingresos propios por la pandemia

El gobierno de España no aportará 14.000 millones de euros en fondos extraordinarios a las Comunidades Autónomas para la lucha contra el coronavirus. 8.367 millones de euros de esa cuantía se corresponden con adelantos de transferencias de dinero que el Gobierno central debe hacer este año a las Comunidades por el sistema de financiación (entregas a cuenta 2020 y liquidación de 2018). Otros 5.500 serán mediante créditos que las Comunidades deberán devolver con intereses al gobierno central. No hay un refuerzo directo del Fondo de Garantía para la prestación de los servicios públicos esenciales, es decir no se produce una ampliación de los mecanismos ordinarios de financiación de las Comunidades Autónomas, más allá de alguna transferencia a fondo perdido, como la de 300 millones para atender a las personas más vulnerables. Por otra parte el gobierno central ha retenido los fondos de las Comunidades Autónomas para políticas activas de empleo, que superan tres veces esa cantidad. La medida adoptada por el gobierno es adelantar ese dinero y los créditos (los 14.000 millones) para que las Comunidades Autónomas puedan hacer frente a sus pagos, en un momento en que sus tesorerías pasan dificultades por el aumento del gasto sanitario y la reducción de sus ingresos propios, lo que amenaza el pago a proveedores y, en algún caso, de las nóminas de los empleados públicos.

Dice el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que “la primera lección de esta crisis es que necesitamos una sanidad pública más fuerte; con profesionales que no trabajen en condiciones de precariedad y con más capacidad para enfrentar situaciones como esta. No podemos dejar a toda la gente que está dando la cara por todos nosotros, jugándose la vida y la salud… no les podemos dejar con condiciones de precariedad” (Telediario segunda edición. TVE. 6 de abril de 2020). Y dice la verdad.

  • La caída de ingresos tributarios se suma al aumento del gasto por la pandemia y las medidas económicas adoptadas por el gobierno
  • Las Comunidades Autónomas sentirán el golpe en sus ingresos en las cuentas del año que viene y en la liquidación que se haga en 2022 de la financiación de 2020

Todos los analistas coinciden: Después del coronavirus, recesión. El propio Banco de España considera que el impacto en la economía “será muy pronunciado” en términos de crecimiento y de empleo, Aunque el regulador financiero español no se atreve a ponerle cifra a esa caída. El aspecto positivo según el Banco de España, que esa pérdida es recuperable. Una de las derivadas de esa recesión será el impacto en las cuentas públicas. O lo que es lo mismo qué magnitud tendrá la crisis fiscal, cómo la crisis económica afectará a los ingresos del Estado, a la financiación de las Comunidades Autónomas y al dinero disponible para los servicios públicos. En los departamentos de Hacienda de los gobiernos, quien más, quien menos hace cuentas… y reza. Los cálculos de algunos economistas sitúan la caída mensual de recaudación estatal por IVA, IRPF e impuestos especiales en una horquilla que va de los 4.350 millones a los 7.250.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha advertido hoy que sin financiación no puede haber reforma del Estatuto de Autonomía para blindar los Servicios Sociales y Públicos de la región.

Con el calendario propuesto, no entraría en vigor antes de 2022

  • A pesar de que el informe técnico de los expertos se elaboró en julio de 2017, hasta noviembre de este año no habrá un “esqueleto básico” para la negociación
  • El sistema de financiación autonómica vigente lleva siete año prorrogado, entró en vigor en 2009 y debía concluir en 2013

Hasta noviembre no habrá un “esqueleto básico” que sirva de base para la negociación del nuevo modelo de financiación. Así lo ha anticipado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo que hace que con toda probabilidad el nuevo sistema no entre en vigor hasta el año 2022 o 2023, es decir en el tramo final de la presente legislatura castellano-manchega. Las palabras de la titular del Ministerio en su comparecencia en el Congreso confirman las pocas prisas que tiene el ejecutivo central en esta materia y que fundamentalmente vienen determinadas por dos razones: por el desequilibrio de ingresos y gastos que tiene la propia administración central y por la pretensión de las Comunidades de pegarle un mordisco a la tarta de los ingresos y detraer de la administración central un montante que rondaría los 23.000 millones de euros.

Se ralentiza el nuevo modelo de financiación autonómica

  • El nuevo modelo de financiación diseñado hace dos años por Montero supondría un balón de 23.000 millones de euros más para las Comunidades
  • En el caso de Castilla-La Mancha, el modelo le aportaría 1.040 adicionales y cubriría su déficit de financiación

Las aspiraciones de las Comunidades Autónomas de mejorar su financiación en no menos de 23.000 millones de euros anuales con un nuevo modelo que sustituya al de 2009, caducado y prorrogado desde diciembre de 2013, pasa por adelgazar la administración central. La medida supone transferir cerca el 16% de los ingresos netos no financieros que tiene el gobierno central en la actualidad a manos de las Comunidades Autónomas. Ese planteamiento que formuló en 2018 la entonces consejera de Hacienda de Andalucía y hoy ministra del ramo es la principal reclamación en la que coinciden los gobiernos regionales y que terminaría por avanzar en el Estado de las Autonomías. La cuestión cobra relevancia en medio de la polémica retención de 2.539 millones de euros que ha realizado el gobierno central a las Comunidades y que debería haberles librado el año pasado por la liquidación del IVA de 2017.

Las comunidades autónomas podrán destinar la parte de los Fondos FEDER 2014-2020 no asignados ni ejecutados a gasto sanitario. Una medida que ha sido posible tras las intensas negociaciones llevadas a cabo entre el Gobierno de España y la Comisión Europea con el objetivo de dotar de mayores recursos a las comunidades autónomas para reforzar su sistema sanitario y combatir la pandemia. Esta medida permitirá movilizar hasta 3.200 millones de euros en la lucha contra el virus

  • El sector autonómico alcanzó un desajuste del 0,55% del PIB y Castilla-la Mancha del 1,2%.El límite estaba establecido en el 0,1%
  • El aumento del gasto social y de las retribuciones a funcionarios y el peor comportamiento de ingresos, causas del déficit

Ninguna de las Comunidades Autónomas de régimen común cumplió en 2019 el objetivo de déficit establecido en el 0,1% del PIB (1.245 millones de euros para las 17 Autonomías). La cifra de déficit del conjunto de las administraciones públicas se situó en 6.795 millones de euros (0,55% del PIB), a pesar del superávit registrado en las dos regiones con régimen foral, Navarra (98 millones) y País Vasco (328 millones). Valencia, con un déficit del 1,91%, Murcia (1,72%), Extremadura (1,24%), Castilla-La Mancha (1,2%) y Aragón (1,01%), fueron las regiones españolas que presentaban mayor necesidades de financiación. En el caso de Castilla-La Mancha, el déficit alcanzado fue de 515 millones de euros, muy alejado de los 45 establecidos como tope.

A finales de 2019 ascendía a 4.170 millones

  • El año pasado, el retraso en la transferencia de fondos y la retención por el Ministerio de 2.538 millones de las Comunidades aumentó la deuda en 1.000 millones
  • Casi todas las regiones, entre ellas Castilla-La Mancha, tienen presentados o anunciados recursos judiciales contra el Ministerio

Las regiones españolas vienen reclamando desde hace años la revisión del modelo de financiación que les permita cubrir los servicios básicos, fundamentalmente el sanitario. Ya en 2018, la actual ministra de Hacienda, entonces consejera de Andalucía, estimaba la necesidad de aumento de la financiación autonómica en 16.500 millones de euros, cifra que, actualizada dos años después, superaría los 23.000 millones. Lejos de haberse producido esa mejora, la retención el año pasado de fondos del Estado a las Comunidades Autónomas, especialmente el no libramiento de 2.538 millones de euros (136 a Castilla-La Mancha) que les tenía que haber transferido por la liquidación del IVA de 2017, provocó tensiones en las tesorerías de las regiones que vieron aumentar tanto su Periodo Medio de Pago (PMP) a sus proveedores como el importe de su deuda comercial. Los más afectados por los retrasos fueron los que facturan mayor volumen a las administraciones autonómicas, entre los que se encuentran los de productos sanitarios. El libramiento de esos fondos que correspondían a las Comunidades les hubiera permitido sanear sus arcas y reducir su deuda hasta los 3.600 millones, 1.430 millones menos que en 2018. La retención, en cambio, provocó el efecto contrario. También un rosario de anuncios de demandas judiciales de los gobiernos autonómicos contra el gobierno central, entre ellos el de Castilla-La Mancha.

  • “Tienen que ver con la igualdad de oportunidades entre el medio rural y el medio urbano y con la cohesión social; la recuperación por completo de la sanidad, de la política social y también de la educación”
  • “El PP debe volver a una política de utilidad para el país y de centrismo en las formas para tejer desde el punto de vista de la convivencia y el acuerdo”

Es de los políticos que ha ido haciendo su currículum desde los cimientos. Su primer cargo público fue el de concejal de su pueblo, Escalona (Toledo; 3.420 habitantes). Fue en 2007, año en el que cumpliría los 25. En tres ocasiones este licenciado en derecho y máster en gestión y dirección de empresas se quedó en puertas del escaño (europeo, de congresista y de senador), que finalmente consiguió en el Parlamento Europeo en junio de 2010. Tiene una amplia trayectoria en la vida interna del Partido Socialista y de las Juventudes Socialistas, de las que llegó a ser secretario general en julio de 2007. Cinco años después formó parte de la ejecutiva federal del PSOE. En octubre de 2017 se convirtió en secretario de organización del PSOE de Castilla-La Mancha, en el número dos de la formación en la Comunidad Autónoma. Diputado en el Congreso, es una de las piezas claves en el engranaje político regional, en el diseño de políticas y mensajes.

Pide una reunión con el vicepresidente Pablo Iglesias

  • En el último año Castilla-La Mancha ha dejado de percibir del Estado algo más de 26 millones de euros como consecuencia de los recortes
  • Castilla-La Mancha aporta al Sistema más de 400 millones de euros, el 82% del gasto público, mientras la aportación del Ministerio es de 73,5 millones de euros (18%)

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha manifestado durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno que “desde la Comunidad Autónoma vamos a trasladar la necesidad de una reunión urgente con el viceprensidente de Derechos Sociales del Gobierno de España, Pablo Iglesias, con el objetivo de tratar el Sistema de Dependencia y su financiación en la región”. A la espera, ha indicado Aurelia Sánchez, “de que se produzca también el Consejo Territorial de Derechos Sociales, que ya se debería haber producido”.

Crónica política: Acaba de empezar y…

  • Los 22.500 millones de déficit para este año, con un incremento de 16.250 millones sobre lo aprobado en 2017, siguen mostrándose insuficientes
  • A pesar de ampliar el límite de déficit, el gobierno de coalición de izquierdas tendrá que hacer ajustes por 3.500 millones respecto a lo gastado en 2019

Dicen los números, que el gobierno central empieza a tener problemas con los ingresos, que crecen a menor ritmo de lo previsto. Y esto es como en las familias, si en la cartilla del banco entra menos de lo esperado caben dos opciones: recortar el gasto o hacerlo y pagarlo con un crédito. Es una de las consecuencias de la desaceleración de la economía. Claro que en el gobierno hay un requisito que debe salvar y es que ese desfase debe pasar el filtro de Bruselas.

Con la moderación en los ingresos, el Ejecutivo busca oxígeno en un aumento del déficit y la deuda

  • El gobierno central busca en el aumento del déficit, una salida a la moderación en la evolución de los ingresos
  • Los ingresos por impuestos crecen en términos homogéneos al 2,1%. En 2018 crecieron al 5,8% y en 2017 al 6,2%

El Consejo de Política Fiscal y Financiera del viernes en el que el gobierno central negó entregar 2.539 millones a las Comunidades Autónomas (136 a Castilla-La Mancha) puso de manifiesto la persistencia de la debilidad de las finanzas públicas del Estado, que precisan del endeudamiento para poder sufragar la política del gasto y las pocas prisas que tiene el gobierno central en abordar el nuevo modelo de financiación por el que las Comunidades Autónomas reclaman 17.000 millones de euros anuales más (entre 1.000 y 1.200 Castilla-La Mancha). Además desde el punto de vista político, el gobierno central trasladó la imagen de un agravio comparativo en el trato a Cataluña con el que dispensa al resto de Comunidades del régimen común.