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financiación autonómica

  • Castilla-La Mancha ingresará este año como entregas a cuenta 5.016,36 millones de euros, 39,51 millones menos que en 2020
  • Cataluña, la región que más dinero recibe, el 18,7% del total. Castilla-la Mancha obtiene el 4,8%

Castilla-La Mancha recibirá este año 5.016,36 millones de euros del Estado como entregas a cuenta por el modelo de financiación. Suponen más de la mitad de los 9.000 millones de ingresos no financieros de la Comunidad. De esas entregas del Estado, 2.267,15 millones proceden de impuestos que gravan el consumo y suponen el 45,19% de las transferencias del Estado a Castilla-La Mancha, mientras que el de la renta representa el 27,5%. Otro 26% procede del fondo establecido para garantizar la prestación de la sanidad, la educación y los servicios especiales y el resto al denominado Fondo de Suficiencia Global, que es un instrumento que mide la capacidad tributaria de cada región, sus gastos y la transferencia del Estado por el otro fondo, el de los servicios fundamentales.

Los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y Aragón, Javier Lambán han acordado esta mañana proponer al Gobierno de España avanzar en el acceso nacional a la información sanitaria y han urgido la convocatoria de la Conferencia de Presidentes en la que se exponga el reparto de los Fondos provenientes de la Unión Europea.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page se reúne este viernes con los presidentes autonómicos de Aragón, Javier Lambán y Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el museo Ruiz de Luna de Talavera de la Reina (Toledo), para rubricar convenios de colaboración en materia sanitaria.

  • Los ingresos de la Comunidad experimentarán un fuerte crecimiento (12,4%), pero serán insuficientes y habrá un déficit del 0,8% del PIB
  • La Fundación advierte del problema financiero de las Comunidades Autónomas en 2022 cuando se liquide la financiación de 2020

  • Los informes económicos empujan a los gobiernos para que controlen los rebrotes, que sitúan como la principal causa en sus revisiones a la baja del crecimiento
  • Los ajustes a la baja deterioran el marco presupuestario del gobierno

Las estimaciones de los diferentes organismos y centros de estudio sobre el empeoramiento de la situación de la economía española y la ralentización de la recuperación meten presión a las administraciones públicas y a los partidos políticos, tanto en el terreno sanitario como en el de política económica y presupuestaria. El último informe en poner de relieve el empeoramiento del escenario es el del Banco de España. El organismo regulador cifra la caída del PIB en 2020 entre un 10,5% y un 12,6%, fija un escenario para 2021 de un crecimiento de entre el 4,1% y el 7,3% y pone en el año 2023 el horizonte a partir del cual se podría recuperar el nivel previo a la recesión provocada por la pandemia. Serían no menos de tres años perdidos, con más paro y menos volumen generado por los distintos sectores.

La caída en 25.000 millones de los ingresos del Estado amenaza las cuentas autonómicas

  • Las Comunidades siguen pagando por las liquidaciones de 2008 y 2009, que les obligaron a devolver 24.235 millones.
  • Las entregas a cuenta de la financiación 2020 no contemplan el impacto de la pandemia en la recaudación

En las Haciendas regionales se baraja ya cómo afrontar dentro de dos años la liquidación de la financiación recibida a cuenta en 2020. Se es consciente de que la paralización de la actividad económica y las secuelas del Covid en el tejido productivo va a obligar a las Comunidades a devolver grandes sumas al Estado. Las regiones han recibido un dinero a cuenta, que se saldará dentro de dos años cuando se conozca exactamente la recaudación que ha tenido el Estado en 2020. En la memoria todos tienen el tsunami que se produjo en 2010 y 2011 cuando se liquidaron los dos primeros ejercicios de la Gran Recesión. La liquidación de 2008 supuso que las Comunidades tendrían que devolver 5.500 millones. En 2009 la cuenta a devolver fue de 18.735 millones de euros. A día de hoy, las regiones españolas todavía siguen pagando esa deuda, que en principio iba a abonarse en 60 plazos mensuales (cinco años) y que se prorrogó a 120 (10 años) y, más tarde a 240 (20 años). En el caso de Castilla-La Mancha, la deuda arrastrada es de 1.299 millones de euros, 265 millones de 2018 y 1.034 de 2019.

Las comunidades autónomas podrán destinar la parte de los Fondos FEDER 2014-2020 no asignados ni ejecutados a gasto sanitario. Una medida que ha sido posible tras las intensas negociaciones llevadas a cabo entre el Gobierno de España y la Comisión Europea con el objetivo de dotar de mayores recursos a las comunidades autónomas para reforzar su sistema sanitario y combatir la pandemia. Esta medida permitirá movilizar hasta 3.200 millones de euros en la lucha contra el virus

  • El sector autonómico alcanzó un desajuste del 0,55% del PIB y Castilla-la Mancha del 1,2%.El límite estaba establecido en el 0,1%
  • El aumento del gasto social y de las retribuciones a funcionarios y el peor comportamiento de ingresos, causas del déficit

Ninguna de las Comunidades Autónomas de régimen común cumplió en 2019 el objetivo de déficit establecido en el 0,1% del PIB (1.245 millones de euros para las 17 Autonomías). La cifra de déficit del conjunto de las administraciones públicas se situó en 6.795 millones de euros (0,55% del PIB), a pesar del superávit registrado en las dos regiones con régimen foral, Navarra (98 millones) y País Vasco (328 millones). Valencia, con un déficit del 1,91%, Murcia (1,72%), Extremadura (1,24%), Castilla-La Mancha (1,2%) y Aragón (1,01%), fueron las regiones españolas que presentaban mayor necesidades de financiación. En el caso de Castilla-La Mancha, el déficit alcanzado fue de 515 millones de euros, muy alejado de los 45 establecidos como tope.

Los presidentes autonómicos de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, Aragón, Javier Lambán y Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco han rubricado hoy, en Talavera de la Reina (Toledo), una declaración institucional para impulsar proyectos conjuntos a los fondos europeos que respondan al reto demográfico. Los objetivos son promover la cohesión económica y social, así como la vertebración y el reequilibrio territorial en el marco del reto demográfico; fortalecer la capacidad de recuperación económica y social, orientada a la bioeconomía; mitigar el impacto social y económico de la crisis sanitaria; y apoyar las transiciones verde y digital en todo el territorio.

  • Los presidentes de las tres Comunidades tratan de acelerar la negociación del nuevo modelo de financiación
  • La pérdida de ingresos fiscales propios y las devoluciones de los anticipos del Estado de 2020 presagian un escenario muy negro para las finanzas autonómicas en 2022

El presidente García-Page trata de atajar el principal problema con el que se encontrará la Comunidad Autónoma en 2021 y 2022, la pérdida de ingresos estructurales que sostienen el gasto social en Castilla-La Mancha. Todo pasa por una reforma del modelo de financiación que está prorrogado desde 2014 y que fue diseñado al final del ciclo de crecimiento económico. El viernes se reúne en Talavera con los presidentes de Aragón, Javier Lambán (PSOE) y de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP). En la agenda el tema principal es la urgencia de la reforma del modelo de financiación, que está caducado y prorrogado desde 2014.

  • En los nueve primeros meses el flujo de cambios de domicilios se salda a favor de nuestra Comunidad, igual que ocurrió en 2019, 2018 y 2017

¿Los beneficios fiscales que ofrece la Comunidad de Madrid contribuyen a robar empresas a Castilla-La Mancha? Es un debate que se mantiene abierto entre el PSOE y el Partido Popular de nuestra región a vueltas con el modelo fiscal. Lo cierto es que los datos oficiales del Colegio de Registradores de España vienen a poner de relieve que el dumping fiscal en materia empresarial no funciona o al menos no en la medida que se traslada en los debates políticos… Nuestra Comunidad roba más empresas a Madrid que las que Madrid roba a Castilla-La Mancha. En los nueve primeros meses el movimiento se salda a favor de nuestra Comunidad con 17 compañías. En el mismo periodo del año pasado el saldo también se decantó a favor de Castilla-La Mancha con 14 sociedades de diferencia. Lo mismo sucedió en 2017.

  • La financiación efectiva por habitante fue de 2.637 euros, la cuarta más baja del país

La financiación efectiva por habitante de Castilla-La Mancha se redujo en 2018 un 0,1% y se situó en los 2.637 euros. La financiación final de 2018 se realiza en 2020 una vez conocido el comportamiento de los ingresos fiscales y, a partir de ese cálculo se realiza la liquidación entre el Estado y las Comunidades sobre las entregas a cuenta que se adelantaron en 2018.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha tildado de “injusto” el último cambio de criterio elegido por el Ejecutivo central para el reparto de los fondos de compensación de 16 mil millones de euros que se van a poner a disposición de las comunidades autónomas para paliar los gastos derivados de la pandemia de la COVID-19. Disconformidad que el presidente ha trasladado durante la décimo tercera videoconferencia de presidentes autonómicos celebrada hoy.

  • Los 14.000 millones anunciados son de adelantos del dinero que ya debían recibir las Comunidades o en créditos
  • La medida alivia las tensiones de tesorería de las regiones españolas generadas por su mayor gasto sanitario y la caída de sus ingresos propios por la pandemia

El gobierno de España no aportará 14.000 millones de euros en fondos extraordinarios a las Comunidades Autónomas para la lucha contra el coronavirus. 8.367 millones de euros de esa cuantía se corresponden con adelantos de transferencias de dinero que el Gobierno central debe hacer este año a las Comunidades por el sistema de financiación (entregas a cuenta 2020 y liquidación de 2018). Otros 5.500 serán mediante créditos que las Comunidades deberán devolver con intereses al gobierno central. No hay un refuerzo directo del Fondo de Garantía para la prestación de los servicios públicos esenciales, es decir no se produce una ampliación de los mecanismos ordinarios de financiación de las Comunidades Autónomas, más allá de alguna transferencia a fondo perdido, como la de 300 millones para atender a las personas más vulnerables. Por otra parte el gobierno central ha retenido los fondos de las Comunidades Autónomas para políticas activas de empleo, que superan tres veces esa cantidad. La medida adoptada por el gobierno es adelantar ese dinero y los créditos (los 14.000 millones) para que las Comunidades Autónomas puedan hacer frente a sus pagos, en un momento en que sus tesorerías pasan dificultades por el aumento del gasto sanitario y la reducción de sus ingresos propios, lo que amenaza el pago a proveedores y, en algún caso, de las nóminas de los empleados públicos.

Dice el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que “la primera lección de esta crisis es que necesitamos una sanidad pública más fuerte; con profesionales que no trabajen en condiciones de precariedad y con más capacidad para enfrentar situaciones como esta. No podemos dejar a toda la gente que está dando la cara por todos nosotros, jugándose la vida y la salud… no les podemos dejar con condiciones de precariedad” (Telediario segunda edición. TVE. 6 de abril de 2020). Y dice la verdad.