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Según el informe elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), las cuentas de Castilla-La Mancha “no gozan de buena salud”, porque mantienen un saldo estructural negativo (-1,4% en 2020 y -0,5% en 2021). La Comunidad afronta gastos continuos más elevados que sus ingresos. Este saldo -como señala FEDEA, se configura a día de hoy como la” variable fundamental sobre la que giran las reglas fiscales europeas y españolas, ahora en suspenso pero que, tarde o temprano, se recuperarán de un modo u otro”.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) cree que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) debería "sistematizar y publicar" la información existente sobre la ejecución definitiva de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) por parte de las administraciones territoriales y otras entidades públicas implicadas en su gestión.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha anticipado que el proceso de ejecución del grueso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está todavía en "su comienzo" y el dinero irá llegando a sus destinatarios a partir de finales de 2022 en adelante.

El impacto del Covid en las cuentas de las Comunidades Autónomas durante este año hasta julio asciende a 7.924 millones de euros, el 0,7% del PIB. Castilla-La Mancha es la región española donde la incidencia de la pandemia ha sido mayor en el gasto público, que, con 441 millones de euros acumulados en los siete primeros meses, equivale al 1,1% del PIB regional, siendo la única Comunidad que sobrepasa la barrera del 1%. En valores absolutos, es la quinta región con más dinero gastado. A pesar de tener sólo el 4,3% de la población del país su gasto por covid equivale al 5,6% del conjunto de regiones.

El Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, coinciden en reclamar una reforma de la fiscalidad eléctrica y “limpiar” la factura eléctrica para tratar de contener la escalada de precios. La petición se ha producido durante el encuentro organizado por ambas organizaciones sobre la formación del precio de la electricidad.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ve conveniente "ir pensando" en la gradual eliminación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y la supresión de las restricciones al despido impuestas durante la crisis de la Covid-19, así como en la retirada de las medidas extraordinarias de protección a colectivos vulnerables en materia de suministros básicos y vivienda según se vaya desplegando el Ingreso Mínimo Vital.

  • Las Comunidades Autónomas han deteriorado sus cuentas y han pasado de un déficit del 0,5% en 2018 al 1% del PIB en 2020
  • Sólo Asturias ha mejorado sus finanzas y ha pasado del déficit al superávit

El déficit estructural del presupuesto de la Junta de Comunidades en 2020 se mantuvo estable respecto a 2019 y equivale al 1% del Producto Interior Bruto de la Comunidad y se agravó en dos décimas respecto a 2018, según los datos del informe elaborado por FEDEA. El saldo estructural es el indicador central empleado por la Unión Europea para la supervisión fiscal. En economía se considera que este indicador es el que mide los méritos o deméritos de la gestión económica de un gobierno en materia fiscal.

  • Un elevado número de negocios y empresas pueden ver en peligro su continuidad en los próximos meses

“El alargamiento de la pandemia está generando problemas financieros cada vez más graves a un número elevado de negocios y empresas que pueden ver en peligro su continuidad en los próximos meses”. La advertencia sobre esta situación llega de la mano de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que hoy publica un nuevo número de su boletín de seguimiento de la crisis del Covid.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha propuesto varias líneas de mejora para la reforma de la ley concursal, relativas a la conveniencia de modificar el tratamiento del crédito público en los planes de reestructuración, a la simplificación del procedimiento especial previsto para microempresas, y a la ampliación la exoneración del crédito público insatisfecho de las personas naturales.

Según el informe elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), la revisión que está haciendo el Ministerio de Hacienda sobre el principal parámetro que determina el dinero que reciben las Comunidades Autónomas, el de población ajustada, elevaría en 3,14 puntos las necesidades de gasto reconocidas a nuestra Comunidad Autónoma y, por tanto, supondría un aumento del Fondo de Garantía de los Servicios para Castilla-La Mancha.

Castilla-La Mancha cerrará 2021 con un superávit presupuestario equivalente al 0,7% del PIB regional, según las estimaciones realizadas por FEDEA que cifra el saldo de todas las regiones españolas deficitario en un -0,1% del PIB. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada toma como base para su estimación los datos presupuestarios y de contabilidad nacional de los siete primeros meses del año. El dato sitúa a nuestra Comunidad como la tercera junto a Asturias con mejor comportamiento de las finanzas públicas durante este ejercicio. En términos absoluto las proyecciones porcentuales del superávit de nuestra región equivaldrían a 280 millones de euros.

El presidente de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y miembro de la comisión de expertos que elaboró en 2017 las recomendaciones para la reforma del modelo de financiación autonómica, Ángel de la Fuente, se ha mostrado partidario de que mientras se aborda ese nuevo sistema el Estado haga una aportación unilateral para nivelar a las comunidades peor financiadas, entre las que se encuentra Castilla-La Mancha, y de que se vayan sentando las bases “para avanzar hacia la plena responsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas, esto es, hacia una situación en la que el grueso del gasto de estas administraciones se financiaría a través de impuestos autonómicos claramente perceptibles como tales por los ciudadanos, sin renunciar a mecanismos potentes de nivelación”.

Es el gran cambio, el del talento. Hace 60 años, Castilla-La Mancha era una tierra donde los que no sabían leer ni escribir eran uno de cada cuatro ciudadanos, los que apenas habían estudiado primaria -muchos sin completarla- venían a ser casi la tres cuartas partes restantes. Sólo el 1% de la población había pasado por la Universidad. En los últimos 20 años, con la gestión de las competencias educativas por la Comunidad, se ha acelerado la formación universitaria, que ya tienen uno de cada cinco ciudadanos en edad edad adulta.

El gasto en investigación y desarrollo en Castilla-La Mancha alcanza los 253 millones de euros y equivale al 1,6% de la inversión que se hace en nuestro país en I+D. En total, en España se destina a este capítulo 15.572 millones de euros. La inversión que se da en nuestra Comunidad en I+D equivale al 0,59% del PIB, frente al 1,25% de la media nacional. Los datos están recogidos por el último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) referidos a 2019.

  • En los últimos siete años, el gobierno regional lo ha incrementado en 12 puntos
  • La caída afecta fundamentalmente a la inversión pública y a las ayudas para la inversión privada.

Según el último informe publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA referido a las finanzas autonómicas desde 2003, las regiones españolas todavía no han recuperado el nivel de gasto por habitante que tenían antes del estallido de la crisis financiera. En el caso de Castilla-La Mancha, en 2020 todavía está 20 puntos porcentuales por debajo del registrado en 2009, año en el que nuestra Comunidad ocupaba la segunda plaza nacional, por detrás de Cataluña, con un porcentaje de 142 puntos, tomando como base 100 el año 2003.