El acuerdo del PSOE con ERC para la investidura del actual Presidente del Gobierno incluía la condonación parcial de la deuda de la Generalitat con el Estado, con una quita de 15.000 millones de euros. El texto preveía la generalización de tales quitas al resto de las comunidades de régimen común y justificaba su necesidad en base al impacto negativo de la crisis financiera de 2008 sobre las cuentas autonómicas ante la (supuestamente) “insuficiente respuesta europea y del Estado.” En cumplimiento de este acuerdo, el Gobierno central llevará en los próximos días al Consejo de Política Fiscal y Financiera una propuesta cuyos detalles se recogen en una nota de prensa del Ministerio de Hacienda que acaba de publicarse.
Según ha manifestado de la Fuente en el informe publicado hoy por FEDEA, “La condonación incondicionada de deuda que el Ministerio propone es una pésima idea porque agravará los serios problemas de incentivos que ya sufre el sistema de financiación autonómica de régimen común. A la vista de la experiencia previa, cualquier quita no sujeta a condiciones estrictas de ajuste tenderá a confirmar la percepción que ya tienen las CCAA de que pueden gastar sistemáticamente más de lo que ingresan porque al final el Estado las rescatará de una forma u otra sin coste alguno para ellas y constituye, por tanto, una invitación a la indisciplina fiscal. Pero es que, además, la justificación de la presente propuesta como compensación a posteriori de los efectos adversos de un shock financiero la convierte en un seguro gratuito contra el riesgo cíclico a la baja que eliminará cualquier tentación que pudieran tener las comunidades de ahorrar algo para los malos tiempos e incrementará también el gasto del Estado.”
Por otra parte, FEDEA señala que la distribución de las quitas entre comunidades que se pretende establecer es “muy cuestionable con criterios tanto de equidad como de eficiencia. La condonación de deuda autonómica podría tener sentido (al menos en ausencia de serios problemas de riesgo moral) si se utilizase para corregir inequidades pasadas, compensando la infrafinanciación acumulada a lo largo del tiempo por determinados territorios. Desde esta perspectiva, el criterio lógico a la hora de repartir estas ayudas sería la infrafinanciación (relativa a la media por habitante ajustado) que se ha acumulado al menos durante la vigencia del actual modelo de financiación. Por otro lado, si compramos la lógica del Gobierno y entendemos las quitas como una compensación a posteriori por un insuficiente aislamiento de las administraciones regionales ante un shock cíclico que afectó a todas ellas de una forma similar, reduciendo los recursos disponibles para hacer frente a sus necesidades, la forma seguramente más razonable de repartir las ayudas sería en proporción a la población ajustada. Cualquier intento de afinar el cálculo utilizando la acumulación observada de deuda en cada territorio como indicador de reparto plantearía serios riesgos de introducir penalizaciones a la buena gestión”.
“El reparto propuesto por el Ministerio tiene en cuenta los dos criterios indicados en el párrafo anterior, pero de una forma peculiar en el caso de la infrafinanciación, puesto que la prima por este concepto no refleja necesariamente la magnitud del problema, esto es la infrafinanciación acumulada que sufre cada comunidad. Por otra parte, en el reparto se introducen también otras correcciones que favorecen a las regiones más endeudadas, primando así la irresponsabilidad fiscal, y a las que han usado su capacidad normativa para subir el IRPF, violando la neutralidad exigible al Gobierno central ante el ejercicio por parte de las comunidades autónomas de su autonomía de ingreso”.
Primero, reforma de la financiación autonómica
Ante estas valoraciones tan negativas de las consecuencias que acarrearía la quita de deuda los términos propùestos por el Gobierno, FEDEA recomienda “tomarnos un tiempo adicional para mejorar su diseño y tratar de llegar a un consenso amplio”, así como abordar la la posible condonación de la deuda autonómica de forma conjunta con la necesaria reforma del sistema de financiación, ampliando así los márgenes e instrumentos de negociación de una forma que podría ayudar a alcanzar un acuerdo.
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