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CCAA

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido que el documento a ocho bandas alumbrado en la cumbre de Santiago de Compostela con los presidentes autonómicos de otras tantas regiones españoles no es sólo un texto "de trámite o de postureo", avanzando que esta cita se reeditará, a propuesta del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en una nueva reunión a celebrar en la localidad cántabra de Comillas.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha avanzado que las comunidades autónomas citadas en Santiago de Compostela el próximo martes, 23 de noviembre, para hablar de financiación autonómica ya están trabajando de manera conjunta en lo que podría denominarse la "Declaración de Santiago", un documento que en estos momentos está en su fase de borrador con la aportación de las ocho regiones para darle finalmente luz verde en la capital gallega.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que el próximo día 23 de noviembre es finalmente la fecha elegida para la reunión con los presidentes autonómicos en Santiago de Compostela para abordar el sistema de financiación autonómica.

El Gobierno ha previsto para el año 2022 una dotación de 7.004 millones de euros para las comunidades autónomas, al margen del sistema de financiación, que irá destinado para cubrir las liquidaciones negativas de 2020 y para la devolución del IVA del año 2017 tras la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba al Estado a reembolsar este dinero.

Desde el inicio de la crisis, nunca el gasto sanitario español había sido tan bajo en relación a la riqueza nacional. En 2017 el coste de los fondos destinados por el gobierno central y las Comunidades Autónomas al servicio público de salud representaba el 6,26% del Producto Interior Bruto, alejado todavía del 6,78% de 2009. Con un gasto por persona de 1.565 euros al año y con menor presupuesto total que en 2009, la financiación sanitaria sigue siendo la principal cuestión a despejar para garantizar una adecuada planificación del sistema y una adecuada prestación del servicio. Así lo entienden todos los consejeros autonómicos a unas horas de que se celebre el primer Consejo Interterritorial de Salud que preside la ministra María Luisa Carcedo.

En Castilla-La Mancha la deuda por infrafinanciación supera los 8.000 millones

El gobierno de España negociará con Cataluña la financiación a esa Comunidad con hasta 7.607 millones adicionales que reclama la Generalitat como deuda por infrafinanciación. La negociación se producirá el día 25 en el seno de la comisión bilateral y a espaldas del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que están representadas todas las regiones españolas.

Presidentes de seis regiones se reúnen en Zaragoza para fijar postura común

El presidente de Castilla-La Mancha se incorpora al grupo de presidentes autonómicos que a principios de año iniciaron los contactos para pedir al gobierno central un nuevo modelo de financiación. En esa época con Rajoy en La Moncloa, las direcciones nacionales del PP y del PSOE designaron a los presidentes de Galicia, Castilla y León por el PP y de Asturias y Aragón por el PSOE para avanzar en un acuerdo sobre el nuevo modelo. Ahora, el grupo se amplía con dos miembros más, el presidente de Castilla-La Mancha, por el PSOE, y de La Rioja, por el PP, en un escenario en el que el relevo en La Moncloa ha supuesto una paralización del proceso para establecer un nuevo modelo de financiación y en el que el gobierno de España mantiene reuniones bilaterales con Cataluña, al margen del resto de Comunidades, para establecer un sistema de financiación a medida para contentar al gobierno independentista de la Generalitat.

La agencia canadiense de calificación crediticia Dominion Bond Rating Service (DBRS) ve con buenos ojos la reestructuración de la deuda que tienen las Comunidades Autónomas y que en su mayoría están en manos del gobierno central, que la ha facilitado a través del Fondo de Liquidez Autonómica. El informe de DBRS llega tras el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos con el que se establecía la senda para que las Comunidades Autónomas pudieran volver al mercado financiero a financiarse tras años de estar bajo el paraguas del gobierno central y del anuncio del gobierno central de una posible reestructuración de la deuda autonómica en sus manos.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reiterado este jueves la necesidad que haya un fondo COVID para las comunidades autónomas, al tiempo que ha pedido al Ejecutivo central que tenga sensibilidad en este sentido.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene previsto realizar una inversión para el año 2022 en Cataluña y Andalucía dos veces mayor que la dispuesta para comunidades autónomas como Madrid o la Comunidad Valenciana, según el proyecto de presupuestos generales del Estado (PGE). En concreto, Cataluña recibirá 2.430,74 millones de euros, y Andalucía, 2.267,07 millones, mientras que el Estado en la Comunidad de Valenciana invertirá 1.208,61 millones, y en Madrid, 1.151,46 millones de euros.

“Observatorio de Noviembre” de la AIReF:

  • Valencia, Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia presentan un riesgo muy alto de sostenibilidad financiera
  • Estas cuatro Comunidades son las que tienen peor calificación crediticia y objetivamente tienen mayores dificultades para financiarse en los mercados

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) mantiene en su último observatorio de deuda que las Comunidades Autónomas no lograrán rebajar su deuda al 13% del PIB al finalizar 2020, objetivo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Considera que “sólo cuatro regiones españolas (Madrid, País Vasco, Navarra y La Rioja) llegarán a esa meta y el resto, salvo Galicia, no lo haría antes de 2050. El riesgo para la sostenibilidad financiera en Valencia, Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia es muy alto (se necesitan más de 100 días de trabajo para pagar la deuda autonómica)”.

La comisión bilateral del Gobierno y la Generalitat se reúnen hoy con dos temas sobre la mesa: la reclamación de 7.600 millones de euros por infrafinanciación de Cataluña y la reestructuración de los casi 54.000 millones que Cataluña debe al Estado por los mecanismos extraordinarios de financiación, con el planteamiento de la Generalitat de incluso convertir la deuda en perpetua, es decir, que no se pague jamás. Este sistema bilateral de negociación de la financiación autonómica fue rechazado y negado por todos los presidentes de socialistas de gobiernos autonómicos, incluido el de Castilla-La Mancha.

Publicado el XV Informe de la FADSP sobre los servicios sanitarios de las Comunidades Autónomas

Castilla-La Mancha no ha mejorado sus servicios sanitarios en 2018. Según el estudio de situación elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, la región mantiene una nota de 77 puntos sobre un baremo máximo de 114. Es el mismo resultado que el obtenido en 2017 tras la evaluación de 31 indicadores que miden la financiación y los recursos, la política farmacéutica, la valoración de los ciudadanos, las listas de espera y la privatización sanitaria. Esa puntuación sitúa a nuestra Comunidad en el bloque de las regiones con una “sanidad regular”.

Las medidas no tendrán respaldo presupuestario del Ministerio

“El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha valorado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya trasladado a las Comunidades Autónomas que el Gobierno de España financiará cualquier decisión de gasto que adopte la Administración del Estado y que sea competencia de las regiones”. Así empezaba el comunicado oficial del gobierno regional tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 19 de julio. No se ha apagado el eco de estas palabras, cuando la ministra de Educación anunciaba ayer que el gobierno de España promoverá una nueva norma para rebajar el número de alumnos por aula, disminuir las horas lectivas de los profesores y facilitar que las sustituciones de los docentes se hagan de inmediato y no a partir del décimo día como está estipulado en la actualidad. Esa nueva legislación no estará apoyada económicamente y serán las Comunidades las que se tengan que hacer cargo de los costes.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera abordará esta tarde la posible ampliación del margen de déficit para las Comunidades Autónomas y la ansiada propuesta de las regiones con gobierno del Partido Socialista de establecer “una armonización” entre regiones en los impuestos de sucesiones y donaciones. Este impuesto presenta una gran diferencia tanto en tipos como en bonificaciones entre las diferentes regiones, que tienen capacidad legislativa sobre el mismo. Y así hay algunas Comunidades como Madrid que han empleado su capacidad normativa para, dentro de su autonomía política y fiscal, rebajar los impuestos a sus ciudadanos, mientras otras, entre las que se encuentran las gobernadas por el PSOE, lo han hecho para subir esos impuestos.