El entonces portavoz del PP en las Cortes regionales, Francisco Cañizares, aseguró que no se trataba de una reforma “de calado”, sino de un ajuste para “hacer más eficiente” el sistema autonómico en plena crisis económica. Su compañero Agustín Conde, diputado en el Congreso, insistió en que el objetivo era mantener “un Estado de tamaño sostenible”.
Sin embargo, PSOE, IU y UPyD denunciaron que la reducción de escaños respondía a un cálculo partidista destinado a limitar la pluralidad política. La socialista Soraya Rodríguez calificó la reforma de “fraudulenta y antidemocrática”, al aprobarse sin consenso y con la única mayoría del PP en las Cortes. Cayo Lara, de IU, consideró que se aprovechaba “el clima de antipolítica” para “recortar democracia”, mientras que el diputado de UPyD, Carlos Martínez, la definió como “una reforma ad hoc para blindar al Partido Popular”.
Los grupos nacionalistas, PNV y CiU, optaron por la abstención, aunque coincidieron en criticar el fondo del texto por debilitar los equilibrios institucionales y reducir la representatividad.
La reforma salió adelante con los votos del PP (168), frente a los 124 en contra y 21 abstenciones, marcando la última modificación estatutaria de Castilla-La Mancha hasta hoy.
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