Entre las principales novedades, el proyecto amplía la horquilla de diputados autonómicos hasta un máximo de 55 escaños, frente al límite actual de 35. Este cambio se aplicará previsiblemente a partir de 2028 (por lo que no afectará al proceso electoral del año 2027) y vendrá acompañado de una exigencia reforzada de mayoría de tres quintos para futuras modificaciones de la ley electoral.
Esta ampliación supone revertir la reforma aprobada en 2014 bajo el Gobierno de María Dolores de Cospedal, que redujo drásticamente el número de parlamentarios de entre 47 y 59 a una horquilla de 25 a 35. Aquella reforma, aprobada únicamente con los votos del PP, se justificó por motivos de austeridad, aunque la oposición denunció que alteraba la proporcionalidad electoral y limitaba la representación política en las Cortes regionales.
El nuevo Estatuto incorpora también la posibilidad de que el Ejecutivo autonómico apruebe decretos-ley en casos de “extraordinaria y urgente necesidad”, una herramienta inexistente hasta ahora en Castilla-La Mancha que refuerza su capacidad normativa y la equipara al resto de comunidades.
Otra de las señas de identidad del texto es el reconocimiento del derecho al agua y a los recursos hídricos como un bien esencial a proteger, con prioridad para el consumo humano, el desarrollo económico sostenible y la preservación del medio ambiente. Además, el texto realiza una defensa expresa del medio rural y dedica varios artículos a la lucha contra la despoblación, contemplando medidas para favorecer la fijación de habitantes y el equilibrio territorial.
En el plano social, la reforma blinda los servicios públicos esenciales que sotienen el Estado del Bienestar -sanidad, educación y servicios sociales- e introduce referencias a la igualdad de oportunidades, el diálogo social y la participación de los agentes económicos y sindicales en la toma de decisiones.
El Gobierno castellanomanchego defiende que la reforma “moderniza y fortalece” la autonomía regional, mientras que tanto PSOE como PP subrayan que el consenso alcanzado demuestra “madurez política y sentido institucional”. El texto inicia ahora su tramitación parlamentaria en el Congreso, donde se abrirá un plazo de enmiendas antes de su aprobación definitiva.
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