El Índice de Garantía de Competitividad modera su caída en julio al 0,33% y encadena 19 meses en negativo

El dato publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja que el indicador ha reducido la intensidad de su caída en el último mes, pero continúa situado por debajo del 0%, una circunstancia que, de acuerdo con la metodología del índice, implica la aplicación de la denominada regla de no revisión en los contratos que utilizan este indicador como referencia.

El IGC establece una tasa de revisión de precios orientada a mantener la competitividad de la economía española frente a la zona euro. Para su cálculo se toma como referencia la evolución del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de la Unión Económica y Monetaria, a la que se resta una parte de la pérdida de competitividad acumulada por España desde 1999.

Cuando el resultado del indicador es inferior al 0%, se utiliza precisamente el 0% como referencia para las revisiones vinculadas al IGC. Por el contrario, si supera el objetivo de inflación a medio plazo del Banco Central Europeo, situado en el 2%, se toma este último porcentaje como referencia.

Siete meses consecutivos de descensos en 2026

La evolución del indicador muestra un cambio de tendencia respecto al inicio de 2024. El IGC comenzó aquel año con una tasa positiva del 0,17%, aunque posteriormente entró en terreno negativo. Solo registró valores positivos en julio y diciembre, mientras que alcanzó su mayor descenso de aquel ejercicio en septiembre, con una tasa del -0,45%.

Durante 2025, el indicador se mantuvo en tasas negativas durante los doce meses. La tendencia ha continuado en 2026, año en el que los siete primeros meses han registrado descensos interanuales.

El dato de julio, no obstante, supone una moderación respecto a junio. El IGC ha pasado así de una caída del 0,76% al 0,33%, reduciendo en 0,43 puntos porcentuales la intensidad del retroceso, aunque sin abandonar todavía el terreno negativo.

La evolución del índice tiene especial relevancia para los contratos que incorporan el IGC como mecanismo de actualización de precios, ya que su metodología establece un límite orientado a evitar que estas revisiones puedan superar el objetivo de inflación del BCE y, al mismo tiempo, persigue preservar la competitividad de la economía española frente a sus socios de la zona euro.