La investigación afecta a once empresas, nueve directivos y dos organizaciones sectoriales de la región: la Federación Regional de Transporte de Viajeros por Carretera de Castilla-La Mancha y la Asociación Provincial de Transportistas de Viajeros por Carretera de Toledo.
En concreto, las empresas incluidas en el expediente son Autocares Álvarez Serrano Hermanos, Autocares Demetrio Álvarez e Hijos, Autocares García Bus, Autocares IM Gómez, Autocares Marín Colmenero, Compañía Europea de Viajeros España, Jesús Álvarez Escobar, Ramos Bus, Ricardo y Navabus, Te Llevo 2003 y Victorino Álvarez.
La CNMC investiga posibles acuerdos e intercambios de información entre competidores para manipular y repartirse licitaciones de transporte escolar, además de posibles acuerdos para fijar precios y distribuirse el mercado del transporte discrecional de viajeros por carretera en Castilla-La Mancha.
Intercambio de información entre competidores
Según el organismo de competencia, las prácticas investigadas se habrían articulado fundamentalmente mediante el intercambio de información estratégica entre empresas competidoras, recomendaciones de tarifas mínimas, presentación de ofertas de cobertura y la decisión de no presentar ofertas en determinadas licitaciones.
La CNMC considera que estas conductas podrían ser contrarias a la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, al afectar a la libre concurrencia en procesos de contratación pública y al funcionamiento del mercado.
La investigación se inició después de que la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha comunicara a la CNMC posibles indicios de estas prácticas.
Como parte de las actuaciones, el organismo realizó en octubre de 2025 inspecciones en las sedes de Compañía Europea de Viajeros España y Autocares Marín Colmenero.
El expediente no implica que exista una infracción acreditada
La apertura del expediente sancionador supone el inicio de un procedimiento de investigación, pero no prejuzga el resultado final ni implica que las empresas, directivos o asociaciones investigados hayan cometido las infracciones. La CNMC deberá determinar durante la instrucción si las prácticas investigadas se produjeron y, en su caso, su alcance y responsabilidad.
El organismo recuerda que la investigación de cárteles constituye una de sus prioridades debido al impacto que este tipo de acuerdos puede tener sobre los consumidores y sobre el funcionamiento de los mercados.
En este caso, la investigación adquiere especial relevancia por afectar a contratos de transporte escolar, un servicio vinculado a la prestación de servicios públicos y cuya adjudicación se realiza mediante procedimientos de contratación de las administraciones.
La CNMC ofrece el programa de clemencia
La CNMC también recuerda que las empresas que formen parte de un posible cártel pueden acogerse a su programa de clemencia. Este mecanismo permite obtener la exención del pago de la multa cuando una empresa aporta pruebas que permitan detectar y acreditar la existencia del cártel.
Además, en caso de que finalmente se impongan sanciones, las empresas que colaboren a través de este mecanismo no quedarían sujetas a la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas prevista para determinadas infracciones de competencia.
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