Decretos

Los nuevos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno vuelven a colocar sobre las administraciones públicas una parte creciente del coste de la protección de los inquilinos vulnerables. El principal de los dos reales decretos-ley publicados este miércoles en el BOE establece que, si una persona en situación de vulnerabilidad no puede pagar el alquiler y la Administración no le proporciona una alternativa habitacional en un plazo de dos meses, será la propia Administración la que tendrá que asumir la deuda con el propietario para impedir el desahucio.

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha defendido que la solución al problema de la vivienda pasa por combinar el respeto a los derechos de propietarios e inquilinos con un aumento de la oferta residencial. Al mismo tiempo, ha reclamado la convocatoria de elecciones generales tras el rechazo en el Congreso de los dos decretos vinculados a la vivienda, al considerar que es necesario dar una respuesta política a los ciudadanos ante una de sus principales preocupaciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a dedicar las próximas horas a "analizar" lo sucedido este viernes en el Congreso tras la caída de los dos reales decretos de vivienda y estará pendiente de la reacción ciudadana en las calles para decidir si finalmente adelantas las elecciones generales.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha salido en defensa de los nuevos decretos de vivienda y cree que los dos "deben de salir adelante". Además, ha asegurado respetar la opinión del presidente regional, Emiliano García-Page, pero le ha respondido que las medidas sobre alquiler no son un "parche".

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cuestionado la estrategia de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de mantener la presión en la calle ante el pleno extraordinario del Congreso que este viernes deberá convalidar los dos decretos de vivienda aprobados por el Ejecutivo. Page ha considerado que pedir movilización contra el propio Gobierno del que se forma parte es "un monumento a la incoherencia", aunque ha descartado que un eventual rechazo parlamentario de los textos vaya a provocar necesariamente la ruptura de la coalición.