La anulación judicial de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Guadalajara ha reabierto el debate sobre la capacidad de los municipios de Castilla-La Mancha para cumplir con los plazos europeos de descarbonización urbana, en un contexto de retrasos normativos, inseguridad jurídica y dificultades técnicas que amenazan con posponer su implantación real más allá de 2028.

El portal inmobiliario Fotocasa ha asegurado que la nueva Ley de Vivienda aprobada ayer definitivamente por el Senado contraerá aún más la oferta al sembrar "inseguridad jurídica". En un comunicado, desde Fotocasa, han señalado que la norma se centra solamente en una parte del mercado del alquiler, la protección de los inquilinos y colectivos vulnerables, mientras que deja "desprovistos de seguridad jurídica" a los propietarios.