Contabilizados los anticipos del sistema de financiación, las administraciones autonómicas alcanzaron un déficit del 0,4% del PIB, equivalente a 5.020 millones de euros, cuando el límite para todo el año es del 0,1% (1.255 millones de euros). En el caso de Castilla-La Mancha el déficit acumulado en los cinco primeros meses asciende a 322 millones de euros que suponen el 0,74% del PIB de nuestra Comunidad. El dato sitúa a nuestra Región como la quinta con mayor déficit, en un escenario en que sólo Asturias, La Rioja y País Vasco cumplían con el objetivo a esas alturas de año y presentaban superávits en sus cuentas del 0,13%, 0,05% y 0,37%, respectivamente.
El informe de la IGAE pone de manifiesto que mientras los ingresos autonómicos han crecido a un ritmo del 5% respecto a igual periodo del año pasado, los gastos se han acelerado y han crecido un 5.8%, con especial incidencia de las subvenciones, las prestaciones sociales y las retribuciones de asalariados, con incrementos del 35,4%, del 9,5% y del 7,2%, respectivamente. Ese desfase entre el crecimiento de ingresos y gastos aumentó las necesidades de financiación (déficit) en 743 millones de euros (20,8%) respecto al año pasado.
Las cifras de la contabilidad nacional de Castilla-La Mancha recogen unos ingresos contabilizados de 2.498 millones de euros, un 4,3% más que el año pasado (102 millones de euros), mientras que los gastos han aumentado un 8% (208 millones), lo que deja un déficit de 322 millones de euros, un 49,1% más que el año pasado. En comparación con el conjunto del sector autonómico, los ingresos de Castilla-La Mancha han crecido 7 décimas menos, mientras que os gastos lo han hecho 2,2 puntos más
Asimismo el gasto computable a efectos de sostenibilidad que no puede crecer más del 2,7% en todo el año había aumentado un 6% a finales de mayo. En el caso de Castilla-la Mancha el incremento es del 9,4% (217 millones de euros), el cuarto más alto tras Valencia (10,7%), Baleares y País Vasco, ambas con el 9,6%. Sólo Andalucía estaría a esa fecha en situación de cumplimiento de la regla de gasto.