El Ministerio de Hacienda tiene la llave para hacer llegar a las Autonomía los 7.000 millones de aumento de financiación

Ese 31 de julio y en esa reunión informó a las Comunidades que esas entregas ascenderían a 102.920 millones de euros para 2019, un 7,23% más que en el ejercicio anterior (6.938,8 millones). De esa cuantía Castilla-la Mancha debería recibir 4.922,8 millones de euros, 295 millones de euros más que en 2018, cuando recibió 4.627,8 millones de euros. En el caso de nuestra región la subida equivalía al 6,37%.

Por los despachos del Ministerio de Hacienda circulaba ya la opinión de la Abogacía del Estado de que sin ley de Presupuestos esa pretensión era inviable jurídicamente. Han pasado seis meses y el asunto ocupa las portadas de los principales medios. En estos seis meses el escenario ha cambiado. Se han celebrado elecciones generales. Se ha celebrado una primera vuelta fallida de la investidura de Pedro Sánchez y de cara a la segunda vuelta, los nacionalistas catalanes han hecho cuestión de este tema de la financiación, anunciando incluso que va lleva al gobierno central a los Tribunales. Incide también el comienzo del curso político en Cataluña. Ahora el argumento no es el de la ausencia de una ley de presupuestos que de cobertura política. Alguien ha deslizado que eso no lo puede hacer un gobierno en funciones.

Ya en febrero, juristas de la Abogacía y políticos buscaban una solución que permitiera hacer llegar el dinero a las regiones para que no se resintiera el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, que son los que prestan las Comunidades Autónomas. Se daba la paradoja de que aunque no exista fórmula jurídica para que las regiones tuvieran esos ingresos, sí existe para aprobar que amplíen su gasto, en concreto el de actualización de las nóminas de los empleados públicos. El panorama para las Comunidades en 2019 es el de más gastos sin más ingresos, con la obligación añadida de reducir el déficit del 0,4% de su PIB al 0,1%. Eso, traducido a dinero, en Castilla-La Mancha supone que el gobierno de nuestra región debe contener o recortar el gasto en 122 millones de euros.

Más allá de las cuestiones políticas, el hecho ha dejado al descubierto una falla en el ordenamiento jurídico sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas que son las que prestan los servicios públicos a los ciudadanos. Las entregas a cuentas provienen de la recaudación de los impuestos que lleva a cabo la Administración General del Estado y si el Ministerio no las hace llegar a las Comunidades, se quedan en el Tesoro Público (que puede o no hacer uso de los fondos para otros menesteres, como reducir deuda pública). Y mientras, las Comunidades no reciben ese dinero para mejorar los servicios públicos a los ciudadanos, que son los que pagan esos impuestos y tienen que afrontar el aumento de los costes de sus proveedores y de su propio personal. Reduciendo la situación a lo simple, se podría decir que el ciudadano paga impuestos para que el Ministerio lo tenga en el banco, porque los que gobiernan ahora y los que gobernaron antes no repararon en esta situación. ¿Qué pasa si la segunda vuelta de la investidura resulta fallida? Nuevas elecciones y nueva investidura. Y a esperar que sea viable, porque, de lo contrario, para 2020 misma situación de impasse para la financiación autonómica.

A estas alturas pocos dudan de que si el Ministerio libra a las Comunidades los fondos que les corresponden no habrá voces discordantes. Es un problema que afecta a todas las administraciones y a todos los partidos. Y a día de hoy, todos o casi todos los partidos de las Comunidades de régimen común, están en gobiernos regionales o provinciales y municipales. Incluso, hay quien ve que de producirse el libramiento no habría una situación inconstitucional. La cuestión está en que la política se ha convertido en una carrera de ventajistas y los servicios jurídicos se tientan la ropa por si hay alguien que se desmarca y recurre por todo lo contrario de lo que ha dicho Cataluña que va a hacer.

Puestos a moverse en el terreno del posibilismo, y en el peor de los casos si el Ministerio transfiere los fondos, la situación más negativa sería que los tribunales anularan esa decisión (algo que no está claro, como señala el gobierno catalán). Lo que pasa es que, en cualquier caso, si el procedimiento de libramiento de fondos se hace con celeridad y a su debido tiempo, la decisión judicial llegaría cuando las Comunidades hubieran recibido los fondos y los hubieran gastado. Baste señalar que, a finales de mayo, las Comunidades Autónomas presentaban una deuda no financiera por valor de 10.173 millones de euros, con un peso del 0,81% del PIB nacional. De ese dinero, 4.468,79 millones de euros correspondía a facturas pendientes de pago a proveedores y el resto a pagos de convenios, subvenciones, ayudas o mecanismos de financiación de entes y organismos públicos. Dicho sea de paso, las regiones deben más de lo que les debe el Ministerio.

Y si este es el tema económico que marca el arranque del próximo curso político tanto en España como en Castilla-La Mancha, una de las cuestiones que ha quedado pendientes de resolver al inicio de legislatura es la comparecencia de los consejeros del gobierno en el Parlamento para someterse a una “evaluación de idoneidad”, fundamentalmente vinculada a sus actividades, y a sus rentas y patrimonio.