Los medios de comunicación impresos y digitales de Castilla-La Mancha que quieran tener la posibilidad de recibir publicidad del Gobierno Regional deberán contratar a una empresa privada que les impone el Gobierno y pagar una tarifa por sus servicios.
Esa imposición forma parte del acuerdo marco de contratación que el ejecutivo tiene previsto llevar a cabo para distribuir la publicidad oficial y que hoy ha sido explicado a las empresas periodísticas de la Comunidad. Juristas consultados consideran de dudosa legalidad este requisito. Los medios deberán presentar además una documentación sobre su situación financiera.
La empresa en cuestión es Información y Control de Publicaciones, S.A., que compite en el mercado con otras, como EGM digital, Gkf o Comscore. Todas ellas reconocidas por el sector de medios y anunciante. Algunas miden en la actualidad las audiencias de medios de la región, que deberán contratar además, o en su sustitución, a la empresa que impone el gobierno regional. Aunque todavía no se ha presentado una tarifa concreta, el propio vicepresidente apuntó a que oscilaría en los 300 euros mensuales, lo que en caso de que todos los medios se adhirieran al convenio le supondría a esta compañía ingresar cerca de trescientos mil euros al año.
El convenio marco, que todavía no se ha terminado de redactar, es una fórmula de contratación que va a emplear el gobierno para distribuir cuatro millones de euros de publicidad anuales entre más de 130 medios de comunicación de la Comunidad. El vicepresidente del ejecutivo, Martínez Guijarro, y la directora general de Relaciones Institucionales, Esther Padilla, anticiparon hoy a los representantes del sector de la comunicación algunas cuestiones de ese acuerdo que contempla a los medios de comunicación como proveedores de servicios de la administración en unos niveles similares a los proveedores de material de oficina, ejemplo empleado por el propio vicepresidente durante la charla informativa. El convenio, a falta de su redacción definitiva, presenta bastantes lagunas como se ha evidenciado durante la jornada.
La medición no tendrá en cuenta la calidad de la audiencia, cuya valoración quedará en manos de la Administración
La empresa seleccionada por el gobierno será la encargada de medir la cantidad de audiencia de cada uno de los medios. Los sistemas empleados no contemplan la calidad de las audiencias, que sí son estudiadas por otras empresas del sector. Una vez los datos en posesión del Gobierno, éste realizará las diferentes campañas de medios a su propio criterio, distribuyendo las cuantías por bloques en función del soporte técnico (papel, radio, televisión, o digital) y por distribución territorial y por aquellos otros criterios que estime. En esta segunda fase los datos serán subjetivados por los órganos técnicos y políticos del ejecutivo, que pueden dejar fuera de la campaña a uno o varios medios que hayan sido críticos con el Gobierno o con su presidente y hacer esa exclusión con supuestos criterios objetivos. El gobierno tampoco tendrá en cuenta la calidad de la información que se ofrezca
La empresa seleccionada tampoco emplea en sus mediciones el concepto de servicio público. Todo ello hace que el Gobierno plantee una contratación de publicidad “al peso” en la que se olvida del carácter institucional, del derecho de los ciudadanos, -de todos- a estar informados y de garantizar la pluralidad informativa. El sistema favorece el amarillismo y el deterioro de la calidad de la información.
La publicidad en medios nacionales queda fuera de este sistema y será distribuida a criterio del propio gobierno. El contrato marco no contempla la incompatibilidad de obtener concesiones administrativas o contratar con la administración regional a aquellas empresas vinculadas con medios de comunicación.
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