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Guarinos lamenta que Page haya aprobado la enmienda “de la vergüenza” que recupera los privilegios vitalicios para los altos cargos de la Junta
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Guarinos lamenta que Page haya aprobado la enmienda “de la vergüenza” que recupera los privilegios vitalicios para los altos cargos de la Junta

jueves 19 de diciembre de 2019, 21:15h
La diputada regional de Grupo Parlamentario Popular y vicepresidenta de las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha lamentado que el PSOE de Emiliano García-Page haya aprobado este jueves la enmienda “de la vergüenza” que recupera los privilegios vitalicios para los altos cargos de la Junta de Comunidades.
Así lo ha señalado Guarinos, durante su intervención en el pleno de las Cortes regionales, donde ha asegurado que la Comunidad Autónoma diferenciará entre funcionarios de primera y de segunda categoría, unos con privilegios y otros que no lo son “porque no son afines a la causa socialista”.

La diputada del PP ha añadido que el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, así como el PSOE-CLM, han tratado de ocultar el mayor tiempo posible esta medida para que los sindicatos, la opinión pública y el resto de grupos parlamentarios “tuvieran el menor tiempo posible de respuesta posible”.

Guarinos ha aseverado que cada vez coincide más con aquellos que piensan que al PSOE “se le están cayendo las letras de sus siglas”, ya que “cada vez tienen menos de socialistas, de obreros y cada vez creen menos en España”.

Así, ha recordado que durante el Gobierno del Partido Popular en el año 2012 se suprimió el Complemento de Alto Cargo con carácter definitivo, algo que intentó recuperar en 2017 el Gobierno PSOE-Podemos. El movimiento sindical, a través de la campaña ‘Nespage’, impidió que esta “cacicada saliera adelante”.

La vicepresidenta de las Cortes de Castilla-La Mancha ha criticado el oscurantismo, la falta de transparencia y la falta de respeto a todos los empleados públicos de la región con este “premio” a los funcionarios “afines a la causa socialista”, sin dictamen del Consejo Consultivo sobre la legalidad o ilegalidad de esta medida y sin sentarse a negociar con los representantes de los empleados públicos en la Mesa de la Función Pública.

Guarinos ha lamentado el interés del PSOE-CLM en los altos cargos y en esconder esta enmienda para consolidar una considerable subida de sueldo “de por vida a los mismos, a los que son, que lo han sido y que lo serán, a los de ayer, hoy y mañana”, algo que significa que las personas que ocupen un puesto político mientras estén en situación de servicios especiales, una vez dejen de serlo, volverán a su puesto de trabajo con el máximo nivel posible correspondiente a su grupo o subgrupo.

Por ello, Ana Guarinos, ha preguntado durante su intervención a cuantos empleados públicos afectará esta medida, algo que el Ejecutivo castellano-manchego “oculta” o cual será el coste que tendrá para los ciudadanos --que los sindicatos calculan que ascenderá a 5,5 millones de euros--, ya que se aplicará con carácter retroactivo --desde el año 2007--.

En este sentido, Guarinos ha destacado que en el año 2018 había en Castilla-La Mancha un total de 163 asesores (79 altos cargos y 84 personal eventual), mientras que en el presupuesto para el año 2020 habrá 255 asesores (150 altos cargos y 105 personal eventual), lo que supondrá un aumento de 92 asesores, mientras falta dinero “para todo lo demás” como para residencias de mayores, empleo, sanidad o educación.

La diputada regional ‘popular’ ha añadido que con esta medida no todos los empleados públicos tienen la posibilidad de ser alto cargo, ya que la consolidación y aprobación de estos privilegios “para unos pocos”, supone “una clara discriminación y un atentado contra los empleados públicos en general”.

Además, no todos los empleados públicos pueden acceder en condiciones de igualdad, mérito y capacidad a la condición de alto cargo, ya que estos son personal de confianza del gobierno de turno y de libre designación y que dependen exclusivamente de la discrecionalidad, algo que es “una vergüenza y una tropelía”.

Por último, Guarinos ha lamentado la falta “de rigor político, vergüenza y respeto” de esta medida, que asciende desde el año 2015 a 2.299 millones de euros, y que no ha servido para “resolver los problemas” de los castellano-manchegos, pero si para “consolidar los privilegios para amigos y amiguetes socialistas y no para mejorar los derechos de todos y si para beneficiar a unos pocos”, y que supone un “atropello a los derechos y a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública”, por lo que ha pedido, en vano, su “retirada inmediata”.
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