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El PP-CLM apoya la Ley de Evaluación Ambiental señalando como fundamental la compatibilidad entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico y sostenible de la región
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El PP-CLM apoya la Ley de Evaluación Ambiental señalando como fundamental la compatibilidad entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico y sostenible de la región

jueves 06 de febrero de 2020, 13:20h
El diputado regional del GPP, Juan Antonio Moreno Moya, ha anunciado el voto afirmativo de su grupo a la Ley de Evaluación Ambiental, y ha señalado como fundamental el punto de la legislación que se refiere a la compatibilidad entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico y sostenible de la región.
Así se ha pronunciado Moreno Moya durante el debate para la aprobación de dicha ley que ha tenido lugar durante el Pleno de las Cortes Regionales, donde ha recordado que la normativa que hoy nos ocupa busca la adecuación y adaptación de la normativa autonómica en materia de medio ambiente, a la legislación estatal y a las directivas que en esta materia se han venido desarrollando en la Unión Europea a lo largo de los últimos años.

Como ha recordado el diputado popular, en Castilla-La Mancha partimos de la legislación actualmente en vigor que data del año 2007, en concreto la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de la Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.

Juan Antonio Moreno se ha referido a que, a nivel nacional, ya se legisló a través de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, aprobada por las Cortes con un gobierno del Partido Popular y con el voto en contra del Partido Socialista, una ley que fue modificada posteriormente mediante la Ley 9/2018.

Estamos pues, como ha relatado el diputado del GPP, ante un procedimiento de adecuación de la normativa regional a toda la legislación vigente en el ámbito estatal y europeo y una transposición de dicha normativa al territorio de la región. Y ha relatado que el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, en su informe preceptivo, dice que la norma que hoy traemos a este Pleno presenta una sistemática claramente coincidente con la normativa estatal.

Otro de los asuntos a los que se refiere el Consultivo y a los que ha hecho referencia Moreno Moya es al “notable mimetismo estructural”, acompañado de una asunción literal de la generalidad de los preceptos estatales básicos, algo que ha propiciado la similitud de objetivos y de contenidos. Además, el Consejo Consultivo nos advierte de la problemática inherente a la decisión de sus redactores de recurrir a una reproducción masiva de la normativa básica estatal, por el margen de inseguridad jurídica y error que induce, aspecto que deberían hacer reflexionar al gobierno de Castilla-La Mancha.

En todo caso, y según ha afirmado el diputado regional del PP, esta situación debe pretender la simplificación de la interpretación de la normativa de evaluación ambiental para todos los intervinientes en los procedimientos evitando con ello inseguridades jurídicas y falta de claridad ante el proceso de evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos sobre el medio ambiente.

Moreno Moya ha agradecido en nombre del GPP a todas las entidades y colectivos que han participado con sus aportaciones en el enriquecimiento de esta Ley de Evaluación ambiental refiriéndose especialmente, “a aquellos que han colaborado con este grupo parlamentario en el intercambio de información y también en contrastar posiciones al respecto de esta nueva normativa”. Y ha añadido que “en este grupo parlamentario van a encontrar siempre un aliado para la defensa de los intereses de la región y también para colaborar con ustedes en aquellas cuestiones que sirvan para ayudar a generar las mejores condiciones para el crecimiento y la consolidación socioeconómica de nuestra región”.

Según ha continuado relatando el diputado regional de los populares, esta nueva Ley se ha visto modificada sustancialmente por las consecuencias de la aplicación de la normativa europea, por lo que hay que resaltar una faceta en la que la directiva ha insistido, como es la necesaria competencia de quienes redacten los estudios de impacto, pero también de las propias Administraciones, sin que se pueda asumir que, por su naturaleza, estas cuentan con el suficiente grado de conocimiento, por lo que será necesaria la adecuación de nuestros profesionales a este marco normativo.

De ahí que los expertos que participen en la preparación de los informes de evaluación de impacto ambiental, deben estar cualificados y ser competentes y contar con conocimientos especializados suficientes en el ámbito del proyecto que se trate, o que la autoridad competente, en este caso la Junta, deba garantizar que dispone de conocimientos o que, de ser necesario, tiene acceso a dichos conocimientos, para examinar el informe de evaluación de impacto ambiental, lo que tiene especial importancia a la hora de revisar el proceso de evaluación o para cumplimentar elementales obligaciones de transparencia, ha detallado Moreno Moya.

Así, el diputado regional ha comentado que será tarea de la administración regional velar por el cumplimiento de la Ley y que aquellos que tengan la responsabilidad de informar sobre los proyectos, tengan la capacitación suficiente para ello porque esta ley prevé una especie de consultoría para los Ayuntamientos para resolver cuestiones de evaluación medioambiental que sean dificultosas para la entidades locales, con la pretensión de agilizar los proyectos de evaluación cuando el órgano sustantivo sea la propia administración local. Esto, según el PP-CLM, va a requerir de la administración regional una agilidad que supondrá un esfuerzo importante por parte de los funcionarios autonómicos, para no atrasar los proyectos que se soliciten a los Ayuntamientos.

Pero lo que sí mantiene esta normativa autonómica, ha continuado relatando Juan Antonio Moreno, es la pretensión inicial de la norma de 2013 aprobada por el entonces gobierno del Partido Popular, y es que las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas, así como las industrias artesanales, tengan todas las facilidades para emprender, algo que “falta hace en este momento, en el que la agricultura y la ganadería están pidiendo soluciones a sus problemas, que la normativa autonómica se adecuara a la estatal, que permite facilitar los proyectos para este tipo de explotaciones agrarias, ganaderas e industrias artesanales”.

El diputado regional del GPP ha insistido en que, para su grupo, una de las cuestiones más importante de esta Ley es hacer compatible la protección del medio ambiente con el desarrollo económico y sostenible de nuestra región, especialmente en el medio rural, “porque ahí, al medio rural es donde debemos dirigir un especial esfuerzo normativo, con el fin de luchar contra la despoblación”.

Finalmente, Juan Antonio Moreno ha concluido señalando que el desarrollo socioeconómico de Castilla-La Mancha no puede ser incompatible con el respeto al mundo rural y al medio ambiente y por ello, esta adecuación normativa autonómica a la legislación estatal, contará con el apoyo de este Grupo Parlamentario.
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