Constituida por más de 100 personas de las 9 universidades públicas, a la reunión de la Comisión Sectorial de Investigación han asistido los siguientes grupos de trabajo: Vicerrectores; Unidades de Gestión de la Investigación; Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación; Genueve Ediciones; Cultura Científica; Bibliotecas; Proyectos Europeos; Doctorado y Servicios de Apoyo a la Investigación.
La reunión ha contado con la asistencia del secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, quien ha expuesto las líneas generales del Ministerio de Universidades. Pingarrón ha destacado la armonía y buena coordinación entre el Ministerio de Universidades y el Ministerio de Ciencia e Innovación, circunstancia que puede favorecer el desarrollo de un nuevo marco normativo para el desempeño de la función universitaria, docente, investigadora y de transferencia.
Como resultado de las sesiones de trabajo, los miembros de la sectorial ponen de manifiesto su preocupación por la producción científica, el sexenio de transferencia y el estatuto del personal investigador en formación:
En cuanto a la producción científica, la comisión destaca que “tanto el informe de la Universidad Española en Cifras, como el ranking de Shanghai, refrendan la resistencia de la producción científica de las universidades españolas y, particularmente, las del G-9 de Universidades, en el contexto internacional, a pesar de los recortes presupuestarios en los programas de investigación. Sin embargo, esta calidad no podrá mantenerse durante mucho tiempo si no se alcanzan los niveles de inversión en I+D+i de la media europea”
Por lo que respecta al sexenio de transferencia, el grupo incide en que la evaluación del plan piloto del sexenio de transferencia no se ha completado, introduciendo incertidumbres sobre la aplicación de sus efectos en las universidades, en especial, los efectos económicos y académicos ligados al mismo. No obstante, los miembros de este grupo confían en que el proceso de evaluación se complete en un tiempo razonable, y esperan que se elabore una guía para la próxima convocatoria suficientemente clara, que facilite la concurrencia en la próxima convocatoria.
Por lo que se refiere al Estatuto del Personal Investigador en Formación, esta comisión sectorial indica que “las universidades siguen sufriendo las consecuencias presupuestarias de los aumentos salariales que introduce el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF). Una parte importante del incremento salarial sigue recayendo, todavía, sobre los presupuestos de las universidades públicas”. Por ello, solicitan que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado de 2020 la partida necesaria para su aplicación.
En cuanto a la financiación de los programas de atracción de talento, el grupo reivindica que estos programas estatales se sufraguen íntegramente por parte del organismo convocante (incluidas las bajas por ILT, maternidad, paternidad, y otros costes laborales) “ya que la actual exigencia de cofinanciación está derivando en un mayor esfuerzo por parte de las universidades, concentrando la mayor parte de sus presupuestos para investigación en esta cofinanciación.”
La comisión sectorial también ha reclamado la deducibilidad del IVA para Investigación: frente al cambio de doctrina de la Administración Tributaria. En concreto reclama que se mantenga la deducción del IVA para los gastos de investigación que incluya las adquisiciones de recursos bibliográficos electrónicos.
Asimismo considera imprescindible contar con un recurso nacional de información científica, que incluya WoS, Scopus, IEEE, y otros recursos de información comunes a todas las universidades y OPIs.
También han reiterado su inquietud. por la justificación económica de los proyectos competitivos nacionales, “que ha evolucionado hacia una complejidad creciente, con criterios cambiantes y de carácter retroactivo, y conducen a descertificaciones que suelen implicar cuantiosos intereses de demora, lo cual está suponiendo una auténtica sangría para los presupuestos de las universidades. Un caso especialmente preocupante es la exigencia de justificación de los costes indirectos en los proyectos de investigación del Plan Nacional.
Una posible solución sería utilizar sistemas similares a los fondos que provienen de la Unión Europea, estandarizando los procedimientos de forma que sea más sencilla la justificación y se utilicen los mismos procedimientos en todos los casos, así como eliminar los intereses de demora.”
Finalmente, la comisión sectorial informa de que con el fin de aportar una base sólida para la elaboración de una nueva ley de universidades, las del G-9, integrantes de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), llevan un tiempo colaborando, junto con el resto de universidades españolas, en un completo análisis sobre el futuro de la universidad. El resultado de este estudio, Foro Universidad 2030, se debatirá en la comunidad universitaria, próximamente, con motivo del XXV aniversario de CRUE.
El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación, creada en 1997, conformada por las universidades que son únicas universidades públicas en sus respectivas Comunidades Autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza.
Las universidades del G-9 cuentan con 170.000 estudiantes, 19.340 miembros del personal Docente e Investigador y 8.160 miembros del personal de Administración y Servicios
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