El nuevo curso político regional se inicia pendientes del resultado que tenga el proceso de investidura del presidente del Gobierno de la Nación. La conformación o no de un ejecutivo nacional, el futuro de Pedro Sánchez y el papel de García Page en el PSOE nacional son los tres pivotes que determinan la vida política y legislativa de los próximos meses en Castilla-La Mancha. Para nuestra Comunidad también será determinante la responsabilidad que desempeñe la presidenta regional y secretaria nacional del Partido Popular, María Dolores Cospedal en un posible gobierno de Mariano Rajoy.
Techo de gastos, Presupuestos 2017 y Medidas de Acompañamiento a Presupuestos, pendientes del resultado de la investidura
La conformación o no de un gobierno en España es decisiva para nuestra Comunidad Autónoma en la medida que si hubiera que concurrir a nuevas elecciones, Castilla-La Mancha tendría que prorrogar su presupuesto para 2017 y entrarían en vía muerta tres de las leyes que el Gobierno Autonómico pretende aprobar antes del 31 de diciembre: Techo de gasto no financiero, Presupuestos 2017 y Medidas de Acompañamiento a los Presupuestos para 2017.
Si se formase gabinete presidido por Rajoy, la repercusión para Castilla-La Mancha estaría en las responsabilidades que aguardarían a la líder del PP, María Dolores Cospedal. Por ende, el resultado del proceso determinará el futuro de Pedro Sánchez, bien su fortaleza, bien la apertura de una crisis interna en la familia socialista, en la que estaría llamado a participar el secretario general de los socialistas castellano-manchegos y presidente de la Junta de Comunidades, García-Page.
El debate, en octubre
Así las cosas, el gabinete regional no ha anunciado fecha para el primer Debate del Estado de la Región, aunque fuentes parlamentarias dan por seguro que será en octubre, “cuando se despeje el panorama nacional y el futuro nacional que se abra o se cierre a García Page”. El primer pleno de las Cortes del nuevo periodo de sesiones será el próximo día 15 y le seguirán los del 22 y 29 de septiembre
El Gobierno anuncia un paquete de otras 13 leyes, 4 de las cuales ya había comprometido hace un año.
En lo que pretende ser la noticia de arranque del curso político, al que se quiere investir de cierta normalidad y en clave autonómica, el Consejo de Gobierno ha anunciado, que remitirá 16 proyectos de ley a las Cortes Regionales en el próximo periodo de sesiones. La cuarta parte de ellos, como consta en las actas de la Junta de Portavoces del Parlamento, ya fueron anunciados el año pasado por las mismas fechas con la intención de que estuviesen aprobados el pasado 31 de diciembre de 2015. En concreto, el Gobierno Regional ha vuelto a anunciar que enviará al Parlamento, para su debate y aprobación, las leyes de Transparencia y Buen Gobierno, de Participación Ciudadana, la de Auditoría Publica Ciudadana y la Antifracking (fractura hidráulica). Algunos de estos temas formaban parte del acuerdo de investidura firmado con Podemos y tenían plazos concretos, ya caducados.
Hace un año, el Gobierno también se comprometió a tramitar la ley de Ordenación de Instalaciones de Radiocomunicación de Castilla-La Mancha, sin embargo, la norma no llegó a entrar en el Parlamento ni tampoco figura en las que el ejecutivo dice que va a enviar en los próximos meses.
A estos cuatro proyectos que vuelven a aparecer en la agenda del Gobierno se unen otros de carácter económico, como el del Consejo Regional de Relaciones Laborales, el de Promoción de Zonas Prioritarias, el de modificación de la ley de Ordenación del Turismo, el de Cámaras de Comercio, el de Microempresas Cooperativas y Cooperativa Rural. Además se presentarán los de obligación anual: Límite de gasto no financiero, Presupuestos para el año que viene y el de Medidas de Acompañamiento al Presupuesto. Estos tres dependen de la formación del Gobierno de la Nación y de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. De no conformarse gobierno en España, se da por descontada la prórroga del presupuesto de 2016 para el año que viene. Otros proyectos que el ejecutivo ha anunciado son el de modificación de la Ley de Caza, el de Reforma del Estatuto del Consumidor, y el de Mecenazgo.
Nuevos perfiles en la violencia de género
Por último, el ejecutivo también pretende someter al Parlamento la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha. Este proyecto es una de las prioridades del Instituto de la Mujer, que preside Araceli Martínez, quien ya había manifestado la necesidad de actualizar la legislación en esta materia, porque “tras la cumbre de Beijing en 1995, se ha avanzado mucho en igualdad de género pero no se pueden obviar algunos retrocesos”.
Según ha podido saber clm21.es, la ley de Castilla-La Mancha de Prevención de Malos Tratos y Protección a las Mujeres Maltratadas aprobada hace quince años y que fue pionera en España va a ser modificada para actualizarla a la realidad actual y para introducir nuevos perfiles que en estos momentos están excluidos de la misma, como el de las mujeres prostituidas. También se quiere dar relevancia a la formación de especialistas en igualdad de género.
Ley antifracking.
Entre las leyes que el gobierno anuncio para el año pasado figura la de antifracking. Ya el 29 de septiembre de 2015, el Gobierno Regional anunciaba que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page había presidido la reunión del Consejo de Gobierno en el Palacio de Fuensalida, “ante los representantes de las Plataformas contra el Fracking de la región, en el que se ha tomado conocimiento del Anteproyecto de Ley para impedir la práctica de la fractura hidráulica en la región y dar así cumplimiento al compromiso del presidente”. Los proyectos de explotación de gas e hidrocarburos mediante el uso de la técnica de fractura hidráulica más importantes en la Comunidad son el Cronos, que afecta a 17.500 hectáreas de los municipios alcarreños de Alcolea del Pinar, Anguita, Luzaga, Luzón, Maranchón y Sigüenza. Tiene un presupuesto superior a los 10 millones de euros y su plazo de finalización es en 2019. El otro afecta a los Campos de Montiel tiene un presupuesto de 6,5 millones y la previsión de duración es hasta 2018.
Control externo de la gestión de los fondos públicos
El de Cámara de Cuentas, viene a reimplantar un órgano de control externo de las cuentas autonómicas, cuyo precedente es la desparecida Sindicatura de Cuentas. A diferencia con esta, el proyecto, según ha podido saber clm21.es, descansa en un órgano colegiado a primer nivel y no unipersonal como era la antigua Sindicatura, eso abre posibilidades a que se abran negociaciones para que otros grupos, especialmente Podemos que apoyó la medida, pueda proponer a alguno de los auditores de cuentas. Su creación permitiría agilizar el control de la gestión de los fondos públicos regionales, que ahora realiza el Tribunal de Cuentas, y llevar a cabo, además del control de la cuenta general, fiscalizaciones parciales sobre programas u organismos públicos. Este control se lleva a cabo mediantes informes en los que se estudia el cumplimiento de la legalidad, la eficacia, la eficiencia y la economía en el uso del dinero público.
Actualización de la iniciativa popular
El de Participación Ciudadana vendría a sustituir y ampliar a la actual Ley de Iniciativa Legislativa Popular y de las Corporaciones Locales, que permite a un número de ciudadanos o de ayuntamientos proponer leyes para su tramitación en las Cortes, a través de la recogida de firmas.
Transparencia y buen gobierno: Código ético y sanciones por ocultar o manipular la información
El Proyecto de Transparencia y Buen Gobierno tratará de regionalizar y ampliar la normativa nacional sobre el acceso de los ciudadanos a la información oficial y sobre la divulgación de diferentes actuaciones de la Administración. Fue tomado en consideración por el ejecutivo a primeros de junio. Tiene 66 artículos y regula, entre otras materias, la actuación de los lobbys o grupos de interés. También establece cuáles son las infracciones y la graduación de las sanciones, llegando a considerar muy grave “impedir deliberadamente u ocultar la existencia de información pública para imposibilitar su conocimiento y acceso o Dar información parcial u omitir o manipular información relevante, con el propósito de influir en la formación de la opinión ciudadana”. Las sanciones pueden llegar a los 12.000 euros. Además contempla la existencia de un código ético, mecanismos de participación ciudadana y la creación de un nuevo organismo: El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno
Esta Ley forma parte del paquete en el que también se ha incluido la Ley del Mecenazgo o la que regula las Cámaras de Comercio e Industria
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