En los próximos días se conocerá si el Gobierno regional procede al cierre contable de las partidas cuya ejecución no se ha iniciado, tal como desea el Ministerio de Hacienda para tratar de garantizar el cumplimiento de los objetivos de déficit y de deuda de nuestra Comunidad a final de año. Unos objetivos que tanto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal como el propio Ministerio, a tenor de la ejecución presupuestaria del ejecutivo regional, consideran que podrían sufrir desviaciones salvo que se cumplan las reformas estructurales y medidas adicionales contempladas en los planes de ajuste y que se lleven a cabo nuevas limitaciones del gasto.
Esta medida supone que las nuevas compras, inversiones o subvenciones que deberían sufragar esas partidas se quedarán sin realizar
Este cierre supone que las nuevas compras, inversiones o subvenciones que deberían sufragar esas partidas se quedarán sin realizar. Como ya informó clm21.es, a final del primer semestre esos fondos ascendías a varios cientos de millones de euros. Esa sería la principal medida del segundo plan de ajuste que debería realizar nuestra Comunidad. En el primero, que se hizo en abril, se contemplaba el cierre condicionado de partidas por importe de 25 millones de euros. Ahora, además de la pretensión del Ministerio va más allá.
Ante la presión de la Unión Europea, el Gobierno central procedió a primeros de agosto al cierre de cualquier gasto nuevo de su competencia. Y eso es lo que reclama que hagan también el resto de las administraciones públicas, especialmente las Comunidades Autónomas que el año pasado incumplieron el objetivo de estabilidad.
El Ministerio ha anunciado para dentro de tres semanas la información de los nuevos planes de ajustes de las Comunidades Autónomas
A finales de julio el consejero de Hacienda se comprometió con el secretario de Estado de Administraciones Públicas a llevar a cabo un encuentro de trabajo, a la vuelta de vacaciones, para tratar de acordar unas medidas que permitiesen al ejecutivo autonómico cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera a finales de año, sin que se vieran afectadas las principales políticas del gobierno que preside García-Page. El propio presidente en un encuentro con periodista al cumplirse el primer aniversario de su mandato aseguró que el cumplimiento del déficit es uno de los principales objetivos de su gobierno y que se hará sí o sí.
La Ley Orgánica que en 2015, que modificó la Ley de Financiación de Comunidades Autónomas y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que las Comunidades Autónomas que soliciten al Estado el acceso a medidas extraordinarias o mecanismos adicionales de apoyo a la liquidez, están obligadas a acordar con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un plan de ajuste, cuando sea preceptivo, que sea consistente con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. Asimismo, dispone que el Ministerio de Hacienda hará pública la información relativa a esos planes de ajuste.
Castilla-La Mancha se encuentra en esa situación. En abril el Ministerio obligó al Gobierno regional a presentar un plan de ajuste, a pesar de las reticencias del gabinete regional que consideraba que con el Plan Financiero del Presupuesto de 2016 era suficiente. Ese plan de ajuste contemplaba 30 reformas estructurales y 11 medidas adicionales. El Ministerio urge ahora a la Comunidad a que agilice la ejecución del plan, que considera lleva un ritmo excesivamente lento.
El Ministerio ya ha anticipado que dentro de tres semanas presentará los nuevos planes de ajuste de las diferentes regiones, elaborados a partir del estado de las cuentas autonómicas a final del primer semestre. En el caso de Castilla-La Mancha, el mes de junio tuvo un impacto muy negativo en las cuentas públicas. Aún no se ha hecho oficial la cifra del déficit al cierre de ese mes. En mayo, Castilla-La Mancha había alcanzado el 0,41 por ciento. Algunas previsiones anticipan que en junio ese porcentaje podría situarse cercano al objetivo anual, establecido en el 0,7 del Producto Interior Bruto regional. Estos datos limitan la capacidad de negociación del consejero de Hacienda con el Ministerio.
Las reformas estructurales del primer plan de ajuste afectan a tres departamentos: Economía y Empleo, Agricultura y Fomento. La mayor parte de las mismas están orientadas a la reducción de las trabas y cargas administrativas a la creación y gestión empresarial y comercial, la elaboración de un plan estratégico de políticas activas de empleo y la flexibilización de horarios comerciales. En el sector agrario se recogen el impulso a la formación profesional, la incorporación de jóvenes a las explotaciones agrarias, jubilación anticipada, modernización de las explotaciones, aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales. También la redacción de los planes de gestión de los espacios incluidos en la red Natura 2000, que vendrán a facilitar actividades que ahora no están permitidas. Por último en Agricultura, se contempla medidas de reforma para ayudar a la creación de agrupaciones de productores agroalimentarios y la modificación de la ley de calidad agroalimentaria.
Las reformas estructurales en Fomento afectan a la reducción de cargas administrativas y agilización de trámites en las ventas de viviendas protegidas, la adopción del precio como criterio principal en la adjudicación de líneas de transporte de viajeros, la reordenación de la explotación de las líneas de forma conjunta con el transporte escolar.
La carga social viene fundamentalmente en los compromisos adicionales a estas reformas estructurales. Una radica en estar adherida al acuerdo marco y sistemas de adquisición centralizada del Ministerio de Sanidad. Otra en seguir el marco de sostenibilidad del sistema de salud y la tercera, el no acordar una cartera complementarias de servicios sanitarios sin aprobación previa del Ministerio de Hacienda. Castilla-La Mancha tiene el compromiso de cumplir estos tres requisitos.
De hecho, el ejecutivo ha limitado algunos gastos de compras corrientes, especialmente las vinculadas a estudios y trabajos realizados por empresas externas, determinadas inversiones de reposición dentro de los programas de administración y servicios generales que canalizan el gasto de funcionamiento de las propias sedes de los distintos departamentos
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