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Las Autonomías necesitan fondos extraordinarios para no colapsar en su lucha contra el coronavirus
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Las Autonomías necesitan fondos extraordinarios para no colapsar en su lucha contra el coronavirus

  • El aumento del gasto derivado de la pandemia y la caída de ingresos por tasas y tributos propios empiezan a hacer mella en las cuentas públicas
  • El riesgo es que las tensiones se terminen trasladando a los proveedores alargando los periodos de pago

martes 24 de marzo de 2020, 20:54h
El impacto económico del coronavirus en las cuentas públicas está obligando a los gobiernos autonómicos a reordenar sus presupuestos ante la falta de financiación adecuada por parte del gobierno central. En la última reunión telemática del sábado, hubo presidentes que reclamaron que el dinero público extra al que pueda acceder el Estado no se quede estancado en el gobierno central y fluya hacia las Comunidades, que son las competentes en sanidad, servicios sociales y políticas activas de empleo y hacen frente a los gastos. Hasta el momento, el Ministerio de Hacienda sólo ha anunciado el adelanto de la mitad de la actualización de las entregas a cuenta por un importe de 1.434 millones, un dinero que es de las Autonomías. El adelanto permite cierta liquidez para que no colapsen las tesorerías regionales, pero no implica una financiación adicional y extraordinaria, que es lo que están demandando las Comunidades. La segunda mitad de esos fondos llegará el 17 de abril.
Los gobiernos autonómicos han tenido que aumentar sus gastos por el impacto del coronavirus, entre otras partidas las destinadas a reforzar sus plantillas sanitarias, de servicios sociales y de sus oficinas de empleo para hacer frente de forma ágil a la tramitación de los Expedientes de Regulación de Empleo. También las destinadas a la compra de material sanitario, a medidas de protección social…

Eso es por lo que afecta a las políticas de gasto. En las políticas de ingresos, la caída de la actividad y las medidas derivadas del estado de alarma anticipan una menor recaudación de los ingresos propios: transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados o donaciones. En principio la menor recaudación por los impuestos que dependen del Estado y que están dentro del sistema de financiación (IVA, IRPF y especiales entre ellos el de hidrocarburos, electricidad, alcohol, cerveza y tabaco) no van a tener un impacto directo en las cuentas de este año, pero sí en las de dentro de dos, en 2022, cuando se liquide la financiación del ejercicio de 2020 mediante la fórmula de lo ingresado realmente en 2020 menos las entregas a cuenta que se hizo llegar a las Comunidades. Todo eso sucederá en vísperas de unas nuevas elecciones.

Ya en febrero, la hacienda castellano-manchega ha visto caer sus ingresos acumulado en los dos primeros meses del año por tributos propios. Por sucesiones y donaciones (de 9,2 millones de hace un año a 7,6 a finales de febrero de 2020), por patrimonio (de 0,5 millones a 0,2), por transmisiones patrimoniales (de 86 millones a 24), de actos jurídicos documentados (de 15,6 millones a 8,5). En su conjunto, a finales de febrero la recaudación no financiera de la Junta había caído un 6% respecto al primer bimestre del año pasado. La Hacienda regional ha ingresado 970,5 millones en los dos primeros meses del año. En el mismo periodo de 2019, la cuantía superaba los 1.032 millones de euros. El saldo presupuestario (ingresos menos gastos) presentaba un déficit de casi 50 millones de euros frente al superávit de 164 millones de un año antes.

A día de hoy, la preocupación inmediata de todos los gobiernos autonómicos es la de liquidez. Hay que tener en cuenta que buena parte de los ejecutivos regionales, entre ellos el de Castilla-La Mancha, no pueden salir a los mercados a captar fondos extraordinarios a crédito. Se tienen que mover con los recursos ordinarios. Sólo pueden realizar operaciones a corto para aliviar las tensiones de tesorería. Los fondos extraordinarios los debe conceder el gobierno. Y esa es la reclamación de las Comunidades.

En algunos sectores se teme que si no se produce un aumento de fondos extraordinarios, el incremento del gasto que están registrando los gobiernos autonómicos para luchar contra el Covid-19 se termine trasladando al pago de proveedores, dilatando el Periodo Medio de Pago, lo que afectaría a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas y a los autónomos. El riesgo es el efecto dominó que se produjo en los primeros años de la recesión de 2008.

El gobierno de Castilla-La Mancha vio rápidamente este peligro y adoptó la prioridad en sus pago de pymes y autónomos como una de las medidas en la lucha contra el Covid-19. El “lo que haga falta, cuando haga falta y donde haga falta”, que se ha acuñado por las administraciones públicas como norte en la batalla contra la pandemia, se traduce en este caso en recursos extraordinarios para las regiones españolas.
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