El sábado el presidente Pedro Sánchez compareció públicamente para anunciar que el domingo se iba a probar un decreto por el que se iba a ampliar el confinamiento de la población con la paralización de todas las actividades económicas consideradas no esenciales entre el 30 de marzo y el 9 de abril. Con esta normase pretende reducir al máximo la movilidad de la población a partir de hoy. Para que las medidas contempladas en el mismo entraran en vigor era preciso que se publicara antes de que terminase el domingo.
La norma no contaba con el apoyo de algunas Comunidades Autónomas, como el País Vasco, cuyo lehendakari mostró ayer su posición en la reunión telemática de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez. Mientras otras, como Cataluña o Murcia, la venían reclamando desde hace días ante la resistencia del gobierno central a aplicar el confinamiento total de personas no afectas a actividades esenciales. También existían discrepancias dentro de los partidos de la coalición del gobierno sobre el alcance del mismo. El decreto, bien visto por los sindicatos suscitó ya el sábado las críticas de las organizaciones empresariales.
Entre las causas del retraso que han trascendido figuran la incorporación de algunas de las peticiones realizadas por algunos presidentes autonómicos y la concesión de un plazo adicional del Ejecutivo a algunas empresas para la paralización de su actividad.
El decreto contempla que durante el permiso, los trabajadores y trabajadoras seguirán percibiendo sus retribuciones íntegras, tanto el salario base como los complementos a los que tengan derecho. Una vez termine el período mencionado, las empleadas y empleados devolverán a la empresa, de manera paulatina, las jornadas no trabajadas. Las empresas deberán negociar con la representación unitaria, con los sindicatos o con las personas trabajadoras, la manera en la que se restituirán a la empresa estas jornadas laborales no prestadas hasta el 31 de diciembre de 2020.
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