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EL GOBIERNO REGIONAL CONSIDERA EN VIGOR LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA ZONA DEL ALMACÉN NUCLEAR
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EL GOBIERNO REGIONAL CONSIDERA EN VIGOR LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA ZONA DEL ALMACÉN NUCLEAR

jueves 19 de enero de 2017, 09:52h

El gobierno de Castilla-La Mancha se muestra reacio a aceptar la decisión del Tribunal Supremo por la que se suspende cautelarmente el decreto de 2015 por el que se ampliaba la zona de protección medioambiental de la laguna de Hito, cercana a los terrenos del Almacén Temporal Centralizado (ATC) para residuos nucleares de alta actividad. Con esta medida se hacía casi imposible la construcción del ATC. Para el ejecutivo, a pesar de la opinión del Alto Tribunal, el espacio “está protegido” desde la fecha de publicación del decreto.

El consejero de Agricultura, Martínez Arroyo, ha jugado al no pero sí y al sí pero no. En un comunicado de prensa de ese departamento se señala: “El 11 de octubre el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicó el Decreto por el que se amplía la protección del espacio natural y, por tanto, desde ese momento está protegido y, evidentemente, ‘el Gobierno regional va a trabajar para que se siga preservando el medio ambiente de Castilla-La Mancha’, ha asegurado. Martínez Arroyo se ha mostrado rotundo ante la tesitura de apostar por un modelo energético nuclear y un modelo de energías renovables solar y eólica, ambos compatibles con el desarrollo sostenible, y ha señalado que “el Gobierno de Castilla-La Mancha apuesta claramente por el segundo modelo”.

En cualquier caso, -añade el comunicado- ha aclarado que “esto no significa que no respetemos las decisiones judiciales". Este juego dialéctico es considerado como una interpretación particular del alcance de la decisión del Supremo. El gobierno deja entrever que la interpretación radica en si el fallo judicial afecta al decreto de octubre de 2015 o al proceso iniciado en julio de ese mismo año y que desembocó en el decreto.

Sea como fuere, esta decisión judicial supone la primera derrota del ejecutivo regional en su lucha por paralizar la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) para residuos nucleares de alta actividad (el combustible de las centrales nucleares y aquellos elementos que han estado en contacto con el mismo).

El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el decreto dictado en los primeros meses del Gobierno de García-Page, por el cual se ampliaba la zona de protección medioambiental de la laguna de Hito, cerca a los terrenos elegidos para el ATC. Sobre el fondo del decreto todavía se debe pronunciar el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por el recurso presentado en octubre de 2015 por el Gobierno central contra la decisión del ejecutivo castellano-manchego.

Este no es el único frente abierto por el gabinete regional en su lucha declarada contra el almacén de residuos nucleares. En noviembre de 2015, el gabinete autonómico anuló el plan urbanístico del municipio de Villar de Cañas, aprobado el 19 de junio de 2015 por el anterior gobierno regional, ya en funciones. El argumento principal, un pronunciamiento de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en el que aseguraba que “no se podía acreditar la existencia de recursos hídricos suficientes” para dar cobertura al crecimiento municipal y de las actividades contempladas en ese plan. Además el gobierno regional considera que el planeamiento no respetaba los 2.000 metros de distancia mínima entre las nuevas zonas residenciales y el ATC. En este frente cabían dos respuestas, por un lado, desde el municipio mediante la elaboración de un nuevo plan y, por otro, desde el Gobierno Central buscando la declaración del proyecto de excepcional interés público.

El ejecutivo autonómico también ha esgrimido a favor de su batalla un informe geológico que consideraba desfavorable el lugar y que contemplaba un elevado coste de ingeniería para dar estabilidad a los terrenos. Mientras se construye el silo, las centrales almacenan en sus piscinas los residuos de alta actividad, a la espera de su ubicación definitiva.

En su fallo, el Tribunal Supremo prima la seguridad nuclear que afecta a todos sobre la protección medioambiental que afecta a las aves.

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