El informe refleja que ha sido el Gobierno central el que, sin embargo, ha optado por absorber en primera instancia la totalidad de ambos shocks, manteniendo unas entregas a cuenta calculadas con previsiones anteriores a la crisis y aportando recursos adicionales a las autonomías mediante transferencias extraordinarias no retornables fuera del sistema de financiación autonómica (SFA). De hecho, con esta inyección de recursos los ingresos de las CCAA crecieron el año pasado más deprisa que sus gastos, lo que se ha traducido en una apreciable reducción de su déficit presupuestario a pesar de la pandemia, al coste de aumentar en la misma medida el déficit del Estado. Buena parte de estos recursos, además, deberán devolverse en dos años, cuando se practique la liquidación del sistema de financiación autonómica correspondiente a 2020, “aunque la experiencia de la anterior crisis sugiere que el plazo para su devolución terminará alargándose tanto como haga falta”. De hecho, las Comunidades siguen pagando, a día de hoy, el exceso de financiación de los años 2008 y 2009, en los que estalló la crisis anterior.
El autor sugiere que la estrategia de aislar a las comunidades autónomas de los efectos presupuestarios de las sucesivas crisis, o al menos retrasar su llegada de forma casi indefinida, no parece la mejor forma de fomentar su responsabilidad fiscal o de incentivar su rápida adaptación a las cambiantes circunstancias económicas.
En cuanto a Castilla-La Mancha, el informe refleja un fuerte incremento de los ingresos en 2020, un 4,27% en términos presupuestarios, el más elevado de España. Mientras en el capítulo de gastos, nuestra Comunidad experimentó un aumento del 2,95%, en el grupo de cabeza de las regiones españolas, cuya media se situó en el 2,7%.
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