El gobierno se comprometió al inicio de la legislatura pasada a tener ese OCEX en su primer año de mandato. Era parte del acuerdo de investidura suscrito con Podemos. Pero han transcurrido seis años para que se tramite el proyecto del órgano que debe velar por el cumplimiento de los principios de legalidad, economía, eficacia y eficiencia en la gestión del dinero público en Castilla-La Mancha.
Al igual que ocurre en otras regiones, la Cámara de Cuentas dependerá de las Cortes Regionales, como órgano técnico y tendrá atribuida en su ámbito territorial el control externo de la gestión económica, financiera, presupuestaria y contable de las instituciones y entidades del sector público autonómico y local. Asimismo, ejercerá funciones de asesoramiento a los Parlamentos regionales en materia económica y financiera.
Fue durante el gobierno del Partido Popular cuando se suprimió este órgano fiscalizador de la gestión económica, bajo el argumento de evitar duplicidades de órganos, dada la existencia del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, el órgano nacional dispone de una capacidad más somera para llevar a cabo ese control externo de la Comunidad Autónoma, que ahora podrá ser más extenso.
En la actualidad, de las diecisiete Comunidades Autónomas, doce cuentan con su correspondiente Órgano de Control Externo: Navarra; Cataluña; Comunidad Valenciana; Galicia; País Vasco; Andalucía; Canarias; Islas Baleares; Madrid; Castilla y León; Asturias y Aragón.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que hoy se ha referido al anteproyecto para la creación de la Cámara de Cuentas ha explicado que será “un órgano de control técnico que tendrá plena independencia en el ejercicio de sus funciones, con autonomía organizativa y presupuestaria”, lo que le permitirá “actuar sin interferencias y con absoluta objetividad”, y ha resaltado que es el propio Gobierno regional quien se ha autoimpuesto promover su recuperación.
Ruiz Molina ha destacado las oportunidades que ofrece la Cámara de Cuentas, entre ellas, facilitar un control más directo de las finanzas públicas regionales, permitir que sus recomendaciones sean más fáciles de aplicar y mejorar la transparencia de la actividad económica, financiera y contable del sector público regional.
Por otro lado, el titular de Haciend ha señalado que la Cámara de Cuentas contará con una presidencia, cuya persona titular será elegida por el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha por mayoría de tres quintos, en primera votación, o por mayoría absoluta, en segunda votación, entre profesionales con titulación académica superior, de reconocida competencia y con más de seis años de experiencia profesional. Su mandato será de seis años, renovable por una sola vez de manera automática.
En este sentido, el consejero ha añadido que la mayoría cualificada exigida “no pretende sino reforzar tanto el carácter consensuado de su designación como la autonomía e independencia en el ejercicio de su función”.
También dispondrá de un máximo de cuatro auditores o auditoras, que serán nombrados por la presidencia de la Cámara de Cuentas entre profesionales con titulación académica superior y con más de seis años de experiencia profesional. En el anteproyecto, como impulso a la igualdad de género, se precisa que se velará por la presencia equilibrada de hombres y mujeres en estos nombramientos.
Además, contará con un secretario o secretaria general, que se encargará de la dirección del personal que resulte necesario para el desempeño de las funciones de la Cámara de Cuentas y se establece un régimen de inelegibilidad e incompatibilidad muy estricto para sus miembros, a fin de garantizar la independencia y la objetividad a la hora de emitir informes.
El último síndico que tuvo Castilla-La Mancha fue Miguel Ángel Cabezas de Herrera. Este abogado talaverano que había sido portavoz parlamentario del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha fue promovido al cargo de responsable de la fiscalización del gobierno por el gobierno del PSOE, presidido en esa fecha por José Bono.
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