La existencia de este órgano permitirá llevar a cabo mayor número de proyectos de fiscalización sobre la gestión de los fondos públicos regionales de los que se realizan en la actualidad por parte del tribunal de Cuentas
El órgano tendrá carácter unipersonal y no colegiado y su presidente tendrá un mandato de 6 años renovables una única vez y podrán arroparse de hasta cuatro personas, cumpliendo con la paridad, y siempre con profesionales acreditados y con experiencia en el sector económico.
La aprobación del Gobierno del proyecto de ley se da tras el plácet del Consejo Consultivo al anteproyecto. El acuerdo permite a la Comunidad recuperar un órgano fiscalizador propio de la actividad financiera del sector público regional que desapareció en la Comunidad Autónoma cuando, con el PP en el Gobierno, se decidió en 2014 suprimir la Sindicatura de Cuentas que había operado durante 20 años.
La Cámara de Cuentas mantiene la estructura fiscalizadora de la anterior Sindicatura y su vinculación a las Cortes como órgano técnico. Blanca Fernández, en una rueda de prensa donde ha especificado que este órgano contará con plena independencia en el ejercicio de sus funciones y con autonomía organizativa y presupuestaria, lo que le permitirá actuar "sin interferencias y con absoluta objetividad, eficacia y transparencia en su labor de fiscalización".
La portavoz del Gobierno ha recalcado la "independencia" de este órgano, que permitirá que se gestionen los fondos públicos de manera "impecable", con el Gobierno regional "autoimponiéndose la obligación de dar transparencia para comprobar que el dinero público se usa bien".
Parlamento, empresas públicas, entidades locales, Consejo Consultivo y UCLM, entre otras personas, podrán ser fiscalizadas por este órgano, y además las personas físicas o jurídicas que reciban subvenciones serán susceptibles de control.
La labor principal de la Cámara será la fiscalización de la cuenta general de la Junta de Comunidades de cada ejercicio. Pero, al igual que su predecesora, la Sindicatura de Cuentas, podrá llevar a cabo fiscalizaciones de programas presupuestarios concretos y de las líneas de ayudas otorgadas por la Junta, también de los organismos autónomos y entes del sector público regional, como la radio y la televisión autonómicas, las fundaciones, los institutos y las empresas públicas.
Si (
No(
