Dice el gobierno que no va a implantar un peaje en las autovías, que lo que va a hacer es imponer un sistema de tarificación. Es jugar con las palabras. Porque, lo llamen como lo llamen, los ciudadanos tendrán que pagar por usas las autovías. En vez de perder el tiempo en buscar las formas, Fomento debería trabajar en el fondo: ¿Qué va a pasar con los que viven en ciudades dormitorios y que se desplazan a diario a sus centros de trabajo? ¿Qué va a pasar en aquellas vías que se desdoblaron en su día y para la que no existe ruta alternativa? ¿Qué va a pasar con el cuidado y mantenimiento de esas vías alterativas, que se presumen que recibirán más tráfico, se deterioran más y que son más peligrosas? Por tanto, necesitarán más inversión, más mantenimiento, generarán más gastos de otro tipo, como los de vigilancia… Habrá un impacto en los precios, que, a su vez y dentro del sector público supondrá revisar el gasto en funcionarios, en pensiones… Es evidente que el gobierno recaudará más, pero la medida supondrá también mayor gasto. Deberían medir la proporción. No vaya a ser que en al final los ciudadanos paguen más y al gobierno le saga comido por servido al tener que actualizar pensiones y sueldos públcios por un crecimiento del IPC impulsado en parte por la subida de los costes derivados de los peajes.
No vale quedarse en lo inmediato, en lo de que con el dinero recaudado se mantendrán las autovías. Se preguntan las asociaciones de transportistas y las de automovilistas que dónde va el dinero que se recauda por los vehículos. No es para cultura. No es para que los que cumplan 18 años puedan comprar videojuegos.
Sería bueno que el gobierno se preocupara en buscar soluciones a todo eso, en vez de gastar esfuerzos en buscar palabras para suavizar el pase usted por taquilla. En su día el partido mayoritario presumió de que las autovías suponían una “democratización del transporte”, porque los que menos recursos podían acceder a las autovías sin tener que pagar. Ahora los dos partidos de las izquierdas mayoritarias han sucumbido a una propuesta que la patronal de la obra civil lleva intentando que se asumiera desde hace varios años para incrementar su negocio y que la derecha no se atrevió a asumir.
Dice la mayoría que gobierna las Cortes (PSOE y UP), que el diputado Alberto Rodríguez, condenado por dar una patada a un policía, no tiene que dejar su escaño. La decisión se basa en una interpretación técnica de la condena impuesta por el Tribunal Supremo. Puede que lleven razón en la interpretación. Puede que no quepa ni esa ni otra interpretación y que debiera abandonar el acta. Pero esa es una cuestión secundaria. Si el lenguaje es el de la patada al cuerpo, podrán darse las interpretaciones que se quiera, pero chirría que con esa forma de hacer pueda seguir sentado en el Parlamento, en el que el código que impera es el de la palabra y no el de la patada. No es una cuestión legal, ni de vericuetos, es una cuestión de principios.
Dice la jefa analítica de datos del BBVA que las criptomonedas son pala la especulación y para el blanqueo. Tantas medidas que se adoptan para perseguir ambos males y en España no se prohíbe la tenencia y el uso de criptomonedas. Por cierto, que los bitcoin y semejantes no son de uso de los currantes, ni de los autónomos. Se quedan en otras esferas, las de cuello blanco, las de la delincuencia, los pagos reservados, la fuga de capitales y eso.
Si (
No(
