Las cuentas públicas nacían así irreales al mantener el Ejecutivo una previsión de inflación del 1,9%, en vez del 2,4% o 2,5% en la que se movía el consenso de los analistas y servicios de estudios.
Finalmente, los datos de IPC conocidos ayer confirman que la inflación media es del 2,5%, lo que supone una desviación de seis décimas en las previsiones de actualización de las pensiones, lo que se traduce en un gasto de 750 millones de euros más de los que el gobierno puso sobre el papel en su ley de presupuestos, que todavía debe aprobarse en las Cámaras. A esos 750 millones de euros hay que sumar otros 2.000 millones de la desviación de este año (1,6 puntos de inflación por encima del 0,9% empleado por el gobierno para revalorizar la pensión de 2021). Es lo que se conoce como “la paguilla”, que compensa la diferencia entre el IPC real y el empleado por el gobierno para el cálculo de 2021. Ese sistema ya ha desaparecido porque si antes se tomaba el IPC del último mes, a partir de 2022 se tomará la media anual lo que evita ese ajuste.
Con la revalorización ajustada al IPC real del 2,5%, la pensión mínima (sin cónyuge a cargo) en 2022 será de 10.103,8 euros anuales (14 pagas de 721,7 euros). La pensión máxima será de 39.468,66 euros anuales (14 pagas de 2.919,1 euros).
Por lo que respecta a Castilla-La Mancha y teniendo en cuenta los datos de las pensiones de este año, la pensión media se situaría en 980 euros al mes y en el caso de la pensión de jubilación, la media rondaría los 1.140 euros.
El año que viene el coste anual de las pensiones contributivas en Castilla-La Mancha superará los 5.500 millones de euros
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