En España sólo uno de cada cuatro procesos judiciales termina en una ejecución efectiva de la sentencia, muy por debajo de lo que ocurre en los países europeos de nuestro entorno. Estonia y Bélgica se posicionan como los países con mayores tasas de ejecución de sentencias, llegando en algunos casos al 85%. También hay un segundo grupo de países, con tasas de entorno al 40-60%, como son Francia, Países Bajos, Luxemburgo, y Lituania, donde se logra acabar con éxito la mayoría de los procedimientos de ejecución.
Según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial en España, referidos a 2018 y 2019, en 2019 sólo se habían ejecutado una de cuatro sentencias civiles que estaban en trámite durante ese año. Aproximadamente el 60% del total de sentencias civiles tramitadas son sentencias de ejecución dineraria, que tienen un importe medio de 10.000 euros.
Con estos datos, en 2019 la tramitación de estas sentencias representaba un volumen global de, prácticamente, 14.500 millones de euros. De esta cifra a finales de 2019 solo se habían ejecutado sentencias por valor de poco más de 3.500 millones de euros. Por tanto, según la estimación del impacto económico de estos retrasos, se habrían dejado de ingresar casi 11.000 millones de euros.
En el informe del CGPE se señala que uno de los factores que propicia la lentitud en la ejecución de las sentencias es la implicación de un gran número de figuras jurídicas: “En España, el proceso de ejecución de sentencias requiere la participación del tribunal (organismo al que hay que solicitarle la ejecución de la sentencia, importe, intereses y costas), el juez (será quien dicte un auto decretando la ejecución) y el Letrado de la administración de Justicia (que emitirá un decreto acordando las medidas que se han solicitado)”. Ello, sumado al hecho de que el procurador tenga que solicitar cada paso al tribunal, hace que el procedimiento de ejecución no sea ágil y rápido, duplicando o triplicando, en algunos casos, el tiempo.
En el lado opuesto, Hungría, junto a Estonia y Lituania, que se posicionan como los países donde el tiempo medio de ejecución es más corto. Concretamente, en estos tres países pueden pasar solo un par de semanas desde que se emite el título de ejecución hasta que se cumple. Todo ello debido a que, junto a Bélgica, son aquellos que disponen de una mayor implementación de medios telemáticos y digitales para agilizar las diferentes fases del proceso.
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