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Bajada de impuestos, ya
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Bajada de impuestos, ya

  • La administración debe renunciar a los beneficios fiscales caídos del cielo por la subida del combustible y de la energía

Por CLM21
jueves 17 de marzo de 2022, 10:46h

La huelga de transportistas ya incide en otros sectores y en la economía y el empleo. Parte de la flota pesquera está amarrada. Los agricultores, anuncian también movilizaciones. La factura energética ha provocado el cierre temporal de empresas y regulaciones de empleo. El gobierno debe actuar con rapidez y reducir los costes fiscales para ayudar a frenar el crecimiento de la inflación mientras se llevan a cabo reformas estructurales (como la de fijación del precio de la energía) y llegar a un gran pacto político y social para combatir la inflación y el impacto de la guerra en nuestra economía. La rebaja de impuestos al combustible y de la factura de la luz no sólo es una cuestión de paz social, es una cuestión de crecimiento económico y de equidad y justicia. Porque la administración está recibiendo unos beneficios fiscales caídos del cielo que están contribuyendo a empeorar la vida de los ciudadanos y la economía nacional.

Anda el presidente buscando una solución definitiva para bajar el precio de la electricidad sin necesidad de tocar los impuestos y se ha lanzado a tratar de convencer a buena parte de sus homólogos europeos de que la respuesta es sacar al gas de la fijación de precios o que el gas no sea el determinante en el sistema. La cosa va para dos semanas Y en ese camino arrastra también a las medidas a aplicar sobre el combustible y al reajuste que debe hacer de ingresos y gastos.

Y entendiendo que pueda demorar unos días la decisión a aplicar sobre la energía, no se puede entender la demora en las actuaciones sobre el resto de medidas económicas, incluida la bajada de la fiscalidad sobre el combustible y el reajuste del presupuesto y, si es necesario, de su gobierno.

Los coaligados del presidente juegan a la contra desde dentro, tanto en materia fiscal como en el reajuste presupuestario y va siendo hora de que el presidente valore la conveniencia del puñetazo en la mesa y de que abra la puerta de salida a los morados.

El precio del combustible y de la energía está provocando una subida de precios desatada, que afecta a todos y que se ha trasladado a algunas empresas que han tenido que parar su producción o que, como algunas del transporte, han iniciado paros indefinidos que están afectando a la cadena de suministros tanto de productos para el consumidor como para la industria, lo que, a su vez, obliga a otras compañías a parar en su actividad manufacturera por falta de materiales, lo que incide sobre el empleo y sobre los mecanismos de protección social (ERTES, prestación por desempleo…).

Esa es la espiral. Y la solución no está en un cheque directo de 300 euros para los más desfavorecidos, porque esa medida muy populista, además de ser difícil de gestionar y generadora de una gran actividad burocrática, es una medida sin retorno económico, que no soluciona los problemas económicos, laborales o sociales. Tampoco pasa por aplicar actuaciones selectivas sobre precios para determinados colectivos (transportistas y agricultores) para evitar que se incendien las calles o para tratar de contener en algo la inflación.

La subida fiscal y la energética afecta a las empresas de transporte, a las manufactureras, a las de construcción, a los trabajadores, al transporte de personas y de mercancías, a las clase medias, a las clases bajas, a empresarios y trabajadores. Y eso requiere algo más que una ocurrencia de cheque de 300 euros o que congelar los alquileres o poner un impuesto a las eléctricas. Estas dos últimas medidas son de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que parece desconocer lo más elemental en el funcionamiento de la economía. Esas medidas puede suponer una retirada de la oferta de vivienda y un encarecimiento del alquiler, justo lo que se pretende combatir y que las compañías eléctricas repercutan los nuevos costes fiscales que propone la vicepresidenta a los consumidores. Lo que traducido significa, más inflación, menos dinero en manos de las familias para consumir, lo que afecta a las empresas de la industria y a los servicios.

Para hacerse una idea del impacto fiscal de las subidas, baste decir que el hecho de que se duplique el precio del combustible le supone a la Hacienda pública recaudar 1.000 millones de euros más al mes sólo por el impuesto especial de hidrocarburos, a lo que habría que sumar el IVA. Eso son unos beneficios caídos del cielo para la administración, que anda tratando de castigar los beneficios caídos del cielo que reciben las eléctricas.

El presupuesto que tanto trabajo le costó sacar adelante al gobierno ya no sirve como fue concebido. Hay una guerra, que ha agravado la inflación de nuestra economía que ya crecía antes de que empezaran a caer las bombas. Es hora de reorganizar ingresos y gastos. El gobierno se maneja por partes y todavía no se ha planteado el todo: habla de aumentar gastos de defensa, del sacrificio de los ciudadanos, de cheques, de bajadas selectivas, de cambiar las reglas del juego en la fijación de precios energéticos, de la necesidad de aplicar más fondos para la atención a refugiados, de aplazar la reforma fiscal… Son las partes de un todo: el presupuesto. Y si se quiere un gran acuerdo de país, hay que plantear medidas concretas, rápidas y eficientes y una estrategia económica para una situación sobrevenida.

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