Una convocatoria multitudinaria organizada por las asociaciones más relevantes del sector agrario, ganadero y cinegético del país, para protestar por las últimas decisiones del gobierno respecto al ámbito rural y reclamar unas condiciones mejores y más justas para el campo español.
Organizada por Asaja, UPA, COAG, Real Federación Española de Caza, Oficina Nacional de la Caza, Alianza Rural, Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL), Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) y Cooperativas Agro-alimentarias, el 20M Rural ha conseguido reunir a más de 200.000 personas procedentes de toda España en una cita histórica.
El sector rural castellanomanchego, que ha desplazado 200 autobuses desde distintos puntos de la región, ha participado muy activamente en esta movilización que ha comenzado en la plaza del Emperador Carlos V, en Atocha, y se ha prolongado hasta las inmediaciones del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, donde se ha realizado la lectura del manifiesto en el que se recogen las 18 reivindicaciones clave del mundo rural español.
La precariedad del medio rural, el despoblamiento, la escasez de servicios públicos y privados, una PAC insuficiente para solventar los principales problemas del mundo agrario, la subida de precios de carburantes y otros materiales, el aumento de los costes de producción, la falta de relevo generacional, una Ley de Bienestar Animal que amenaza a la caza son alguna de las razones que ha llevado a estos colectivos a salir a la calle.
Una legislación ambiental excluyente y sin visión social que ataca a la línea de flotación de la caza, despreciando una actividad generadora de economía, fijadora de empleo y sustento de muchas poblaciones rurales, que aporta enormes beneficios sociales, culturales, económicos y medioambientales y está fuertemente arraigada en la cultura española, han llevado al sector rural a salir a la calle.
Y lo han hecho, también, para exigir una necesaria convivencia y respeto del mundo urbano y rural donde, han señalado, las políticas se adapten a las necesidades de todos los ciudadanos, y no se confunda medio ambiente y conservación con abandono y prohibiciones, reto demográfico con despoblamiento o animales auxiliares y de producción con mascotas.
El sector rural ha reclamado servicios sociales, sanitarios y educativos adecuados que permitan el mantenimiento de la España rural, un plan de choque ante el incremento de los costes de producción, una PAC más justa, unas condiciones de contratación laboral que permitan la temporalidad, la reducción de las tarifas eléctricas y planes que permitan la incorporación de jóvenes agricultores.
Pero, también han pedido la retirada de la iniciativa legislativa de la Ley de Protección y Derechos de los Animales, la aplicación de políticas de bienestar animal que no impidan el desarrollo de actividades dentro del mundo rural, y la retirada del Real Decreto de Núcleos Zoológicos, así como la modificación del Código Penal que pretende hacer extensible el maltrato animal a todos los animales vertebrados.
Recuperar la caza sostenible de especies migratorias, el silvestrismo y la caza en Parques Nacionales son otras de las reivindicaciones de estos colectivos, que piden también que se deje de considerar al lobo como especie protegida y se desarrollen planes de gestiones sostenibles de la especie.
Que se defienda la caza ante las políticas de Europa para que no se prohíba el uso del plomo como munición sin una alternativa viable o evitar que se acabe con la caza de especies cinegéticas como la perdiz, codorniz o zorzal han sido otras de sus reclamaciones.
Luis Fernando Villanueva, presidente de Aproca Castilla-La Mancha, ha señalado que “esta multitudinaria manifestación termina en el Ministerio de Transición Ecológica porque el mundo rural quiere decir basta ya”.
“Estamos cansados, hastiados de que la sociedad tenga los prejuicios que tiene hacia actividades tradicionales tan importantes como es la caza. Decisiones como la prohibición de la caza en los parques nacionales viene a aumentar los problemas de despoblación y crear problemas medioambientales”.
Villanueva ha asegurado que la prohibición de la caza del lobo, que supondrá el cierre de cientos de explotaciones ganaderas en el norte de España; echarle la culpa del cambio climático a la ganadería, o el desarrollo actual de la Ley de Protección y Derechos de los Animales, son decisiones que tiene como denominador común ir en contra del mundo rural.
El presidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, Agustín Rabadán, por su parte, ha asegurado que las reivindicaciones desde el sector cinegético son muy claras, “queremos que se retire la Ley de Protección y Derechos de los Animales que atenta contra la actividad cinegética y también exigimos que se retire la modificación del Código Penal que pretende criminalizar al sector”.
Para Rabadán, esta manifestación, “que ha sido un clamoroso éxito”, debe llevar al Gobierno a reconsiderar decisiones tan dañinas para el sector cinegético como permitir la caza en Parque Nacionales, permitir la caza de la tórtola o el no prohibir la actividad del silvestrismo.