El objetivo de deuda marcado que España debía alcanzar en 2020 estaba fijado en el 60% del PIB. De ese porcentaje, las Comunidades no deberían rebasar el 13%. Sin embargo, ese horizonte se dio por inalcanzable. El 27 de febrero de 2020, antes del estallido de la pandemia y de que se disparase la deuda a niveles históricos, el Consejo de Ministros fijó unos límites más laxos, establecidos en el23,4% a finales de 2020, el 22,1% al cierre de 2022 y del 21,4% en 2023. Nuestra Comunidad cerró septiembre con un endeudamiento del 34,1%, tras haber reducido supero en 3,6 puntos en un año. Sin embargo, en 2022 la evolución presupuestaria apunta a que nuestra región volverá a cerrar el ejercicio con déficit, tras dos años de superávit, lo que implicará nuevo endeudamiento para poder cubrirlo.
El estudio de FEDEA anticipa que la deuda pública se va a convertir, en los próximos meses y años, en uno de los principales ejes de discusión sobre la política fiscal en la Unión Europea (UE). En ese ámbito ya se atisba una reformulación de las reglas fiscales tomando al endeudamiento público como variable central de referencia, algo que ya han abordado los primeros ministros y jefes de Estado de los países de la Unión.
En España, la situación afecta fundamentalmente a los gobiernos central y autonoómicos (no a todos) y a la Seguridad Social. Sin embargo, las Corporaciones Locales, tras 10 años de superávit, han logrado un nivel reducido de endeudamiento como subsector, incluso por debajo de la cifra de referencia legal, por lo que no se enfrentan a graves desafíos en este terreno, como recoge FEDEA.
El informe destaca que las Comunidades Autónomas, que presentaban unos niveles de deuda reducidos en 2007 (5,8% PIB), han pasado a cerrar 2021 con un 25,9% de PIB de deuda, en su mayor parte con el Estado. También es destacable el aumento de deuda experimentado por la Seguridad Social, que entre 2018 y 2021 ha más que doblado su deuda (8,1% PIB en 2021 frente al 3,4% de 2018).
En el caso de las Comunidades, los investigadores de FEDEA advierten que en el periodo 2020 y 2021, las Comunidades han incrementado moderadamente la adquisición de activos financieros, sin trasladar completamente la mejora de su saldo presupuestario a la reducción del endeudamiento.
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