La Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha se encargará de sus próximas fiscalizaciones, la del ejercicio 2021 y posteriores, tras asumir las funciones del control externo en 2023, después de la supresión de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha en 2014.
El sector público autonómico estaba formado en 2021 por 35 entidades, cuyos presupuestos agregados alcanzaron los 17.205 millones de euros, dando lugar a un gasto ejecutado de 16.264 millones de euros, ha informado el Tribunal de Cuentas en un comunicado.
Según la valoración del Tribunal de Cuentas, la Cuenta General de Castilla-La Mancha, conformada por las cuentas de las entidades administrativas de su sector público, se ha adaptado a los principios y normas contables del Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad, sin perjuicio de las incidencias que se ponen de manifiesto en el Informe.
Asimismo, las cuentas anuales individuales del resto del sector público autonómico (sector empresarial y fundacional) se han rendido de conformidad con las normas aplicables y han reflejado en todos sus aspectos significativos la situación económica, financiera y patrimonial de estas entidades, excepto por las salvedades señaladas.
Las conclusiones del informe señalan, entre otras cuestiones, que el grado de endeudamiento alcanzado en 2021 por la Comunidad Autónoma genera una elevada carga financiera que condiciona los presupuestos futuros y que la sostenibilidad económica financiera del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha depende del mantenimiento por parte del Estado de los mecanismos extraordinarios de financiación.
Las principales recomendaciones se refieren a modificar la delimitación del sector público y el régimen de financiación de las modificaciones presupuestarias en la Ley de Hacienda; dictar instrucciones para la conexión automatizada del inventario y la contabilidad; así como adaptar las dotaciones presupuestarias del Servicio de Salud a sus necesidades reales de gasto.
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