En su denuncia, Facua considera que la OCU vulnera la prohibición de "realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios" y su deber de independencia, señala en un comunicado de prensa.
Facua añade que Consumo, cuya investigación ha sido adelantada por 'El País', espera desde hace meses que la OCU le conteste a un requerimiento de información sobre el acuerdo que anunció en 2021 con Facebook.
Se trata de un convenio por el que la organización retiró una demanda contra la multinacional por irregularidades en materia de protección de datos en la que reclamaba indemnizaciones para decenas de miles de consumidores, que finalmente no recibieron, según relata Facua en el comunicado.
Igualmente, según la denuncia de Facua, numerosas compañías pagan una comisión a una sociedad instrumental de la OCU por cada cliente que les capta a través de publicidad de sus ofertas.
Facua señala que en la última década lo han hecho al menos ocho energéticas, un grupo de telecomunicaciones, un intermediario financiero y una aseguradora.
En su denuncia, Facua también expone una serie de ejemplos de mensajes publicitarios lanzados por la OCU en su página web y en sus revistas para promover la contratación de servicios de distintas empresas.
Señala que en algunos casos no solo los publicita, sino que llega a avalar la calidad de los servicios ofertados sin que realmente verifique cómo se prestan y de asegurar que han sido valorados por "expertos de la OCU cuando es la empresa en cuestión la que los valora".
En los casos que Facua ha podido documentar, las comisiones oscilan entre 18,15 y 80 euros por cliente captado, aunque en uno de ellos la cantidad es variable, al tratarse del 0,2% del importe de los préstamos hipotecarios que los usuarios suscriban a través de un intermediario (unos 300 euros en el caso de una hipoteca media).
Según Facua, la empresa que recibe los pagos es OCU Ediciones. La OCU solo es propietaria del 10% de dicha empresa, mientras que el 90% está en manos de la asociación belga Test Achats/Test Aankoop.
Ambas organizaciones forman parte del grupo internacional Euroconsumers, que integra a asociaciones de consumidores y sociedades mercantiles instrumentales en España, Bélgica, Italia, Brasil y Portugal, país en el que también posee una inmobiliaria y una consultora de inversiones financieras.
Además, Facua asegura que el entramado cuenta con otra mercantil en Luxemburgo (Euroconsumers), una fundación en Países Bajos (Stichting International Consumer Interests) y, hasta hace poco, una empresa en Hong Kong (Worldcado Limited), que cerró poco después de trascender que su director estaba al frente de una sociedad en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.
La OCU ha reaccionado mediante un comunicado en el que
ha tachado de informaciones "tendenciosas" las vertidas por Facua y ha subrayado que "todas las actividades llevadas a cabo de forma legítima tienen como objetivo mejorar la posición en el mercado de sus socios y de los consumidores en general, facilitándoles el acceso a diferentes bienes y servicios en mejores condiciones de información y de mercado, garantizando la independencia de la organización".
En este sentido, OCU ha recordado que la legislación española es "bastante garantista" y asegura que los acuerdos con empresas no merman la independencia de las asociaciones que los firman.
Así, según reza el escrito, "OCU ha cumplido con todas sus obligaciones y proporcionado al Ministerio de Consumo toda la información requerida sin que hasta el momento tenga conocimiento de ningún expediente sobre sus actuaciones que se ajustan a la legalidad".
Por todo ello, OCU ha denunciado los "ataques injustificados de organizaciones de consumidores que pretenden imponer un modelo único de defensa de los consumidores, con una clara finalidad de utilización política del mismo, que atenta contra la pluralidad democrática y se aleja del principio de independencia política que establece la normativa española".
Asimismo, ha defendido un modelo de organización "fuerte e independiente" basada en la financiación de sus socios "frente a otras asociaciones que necesitan de las subvenciones públicas para su subsistencia y que son capaces de cualquier cosa a costa de mantener o aumentar su cuota de recurso públicos para garantizar su existencia", reza el escrito.
Al respecto, OCU ha anunciado que llevará a cabo cuantas actuaciones legales estén en su mano para defender su honorabilidad y buen nombre y parar "los mezquinos intentos" de impedir el cumplimiento de su objetivo exclusivo, que es la defensa y representación de los consumidores de este país.
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