Además, el ejecutivo aprobó el proyecto para prohibir la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de fractura hidráulica. Esta ley figuraba en el plan de 2016. En ese año, el pasado, el gobierno aprobó sólo tres proyectos, el obligado de presupuestos, el de la subida de los impuestos autonómicos a los ciudadanos y el de concesión de un crédito extraordinario para liquidar a los partidos políticos, entre ellos el del propio gobierno, las subvenciones que les correspondían por los resultados electorales de 2015.
La quietud del gobierno mantiene paralizado los principales proyectos y compromisos de la legislatura que van desde las garantías de determinados servicios públicos para los ciudadanos, hasta la que regula el empleo público o el estímulo económico a zonas deprimidas, pasando por las de vivienda o la de la ley para una sociedad libre de violencia de género. Asimismo, no han visto la luz los proyectos que figuraban en el pacto de investidura entre el PSOE y Podemos, algunos de ellos comprometidos para fechas fijas.
Esta semana quedarán aprobados en comisión parlamentaria y listos para su debate en pleno el proyecto de presupuestos para 2017 (normalmente esta ley debería haber sido aprobada antes del 31 de diciembre de 2016) y su ley de acompañamiento.
Los grupos de PSOE y Podemos ayer dieron vía libre en comisión al proyecto de ley de acompañamiento. El gobierno no quiere llamarlo así, pero a fin de cuentas se ha presentado en la misma fecha, modifica aspectos puntuales 20 leyes diferentes y se ha tramitado por vía de urgencia, aunque en algunos puntos se han topado con reparo de los servicios jurídicos.
Empleo público, consumo, vivienda, violencia de género, investigación, turismo y apoyo a discapacitados, entre las leyes comprometidas que el gobierno no presenta
Según el Plan Anual Normativo aprobado y comprometido por el propio gobierno de García-Page, la Consejería de Bienestar Social iba a elaborar la ley de protección y apoyo garantizado para las personas con discapacidad, la ley integral de garantías ciudadanas y la que regulaba y facilitaba el acceso a lugares públicos de personas con discapacidad acompañadas de perros de asistencia.
Agricultura mantiene sin hacer la ley de desarrollo rural, la que regula el estatuto del personal investigador, la nueva ley de caza y la de protección y defensa de los animales.
Economía, empresas y empleo, mantiene paralizados los proyectos de turismo, la de estímulo económico a las zonas deprimidas, la de Cámaras, la de Colegios Profesionales, la de participación institucional y diálogo social, o la de sociedades de microempresas cooperativas y cooperativas rurales.
Además Fomento mantiene sin hacer las leyes de vivienda, la de medios audiovisuales, la del suelo, la de ordenación del territorio, la del ciclo integral del agua y la de ordenación de las instalaciones de radiocomunicación.
Por su parte, Hacienda y Administraciones Públicas tiene sin desarrollar la ley de Cámara de Cuentas, que es el organismo que debe controlar y fiscalizar la gestión económica del gobierno y de todo el sector público regional. También, la modificación ley de empleo público, la nueva ley de patrimonio o la de colegios profesionales.
Los jóvenes tendrán que esperar a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes apruebe la nueva ley del Consejo de la Juventud. Este departamento tampoco ha remitido la ley de mecenazgo ni la de estabilidad del sistema de investigación, desarrollo e innovación ni tampoco la de creación de la red de librerías acreditadas.
Sanidad no ha aprobado el anteproyecto del estatuto del consumidor y la vicepresidencia del gobierno tiene pendiente, la de participación, la ley para una sociedad libre de violencia de género y la ley para garantizar los derechos de hombres y mujeres homosexuales, bisexuales, transexuales e Intersexuales (LGTBI).
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