Los economistas han presentado, a través de su órgano especializado en el ámbito de las insolvencias, el Registro de Economistas Forenses (REFOR), un conjunto de alegaciones a los dos Reales Decretos sometidos a audiencia pública por el Ministerio de Justicia: el Reglamento que desarrolla la Administración Concursal y el que regula el Registro Público Concursal.
En un escrito remitido al Ministerio de Justicia, los economistas forenses del Consejo General de Economistas han puesto en valor la labor que han venido realizando los profesionales administradores concursales -economistas, titulados mercantiles, auditores y abogados- en la gestión de las insolvencias en nuestro país, tanto en las empresas (microempresas, pymes y empresas de mayor dimensión) como en relación con las personas físicas (segunda oportunidad).
Según han puesto de manifiesto, el sometimiento de estos profesionales a un código deontológico y su cualificación académica y profesional aportan la seguridad y la garantía que se necesita en un proceso concursal para preservar el justo equilibrio entre los intereses de acreedores y deudores.
De acuerdo con la actual redacción de la disposición transitoria primera del Real Decreto, solo "unos pocos grandes despachos radicados en las principales provincias" quedarían eximidos de realizar el examen de acceso a la profesión, y no así los profesionales del resto de España, aunque cuenten con formación y experiencia contrastadas en este campo.
Para el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, "esta situación podría llevar a una concentración del sector, dejando fuera del mercado a un importante número de administradores concursales perfectamente preparados, con lo que se acabará resintiendo el actual sistema de resolución de insolvencias del país".
Los economistas critican también que se mantengan inalterables los honorarios de los administradores concursales, "que ni siquiera se han actualizado con el IPC y que permanecen invariables desde hace casi 20 años".
Además, consideran que, para poder presentarse al examen de acceso, deberían exigirse titulaciones con formación específica en materia jurídica y económica, es decir, abogados, economistas, titulados mercantiles y auditores, que son quienes históricamente han venido ejerciendo como administradores concursales.
En cuanto a las personas jurídicas que ejerzan la administración concursal, el Consejo General de Economistas cree que estas deberían ser sociedades profesionales e incorporarse como tales en el Registro Público Concursal, porque, entre otras razones, así se garantiza que la mayoría de los socios reúne los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad profesional que constituye el objeto social.
También opinan que debería incluirse en el Real Decreto del Reglamento la exigencia de la formación continua para los profesionales que ejerzan la administración concursal, tal y como establece la Directiva europea. En cuanto a la cuenta de garantía arancelaria, debería complementarse con una partida de los Presupuestos Generales del Estado.
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