De acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Gobierno debe enviar a las Cortes el límite de gasto no financiero para el próximo año, conocido como techo de gasto, el primer paso para la elaboración de las nuevas cuentas, así como los objetivos de estabilidad (reparto del déficit) de todas las administraciones públicas, Central, comunidades, Seguridad Social y ayuntamientos, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Fuentes del Gobierno han precisado a Europa Press que tanto el Congreso como el Senado deben dar el visto bueno al reparto del déficit por administraciones, pero no así al techo de gasto, del que el Ejecutivo solo debe informar.
Así, las cosas, el acuerdo del límite de gasto no financiero, así como el reparto de los objetivos de deuda y déficit, en relación al PIB, de las administraciones central, autonómica y municipal será el primer reto de la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Como paso previo, esta misma semana el Consejo de Ministros ha aprobado la orden ministerial que da inicio a la elaboración de loas Presupuestos.
Una vez se apruebe el techo de gasto por el Ejecutivo, las Cortes Generales se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos propuestos por el Gobierno y que en esta ocasión deberán estar alineados con las normas fiscales europeas, tras años suspendidas por la pandemia. "Si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento", reza la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Con el nuevo escenario político, cabe esperar que el PP se valga de su mayoría en el Senado para hacer contrapeso al Gobierno en el trámite presupuestario, rechazando los objetivos de déficit y deuda --no el techo de gasto, que no se vota--.
Pero aunque PSOE y Sumar no pudieran sacar estos objetivos adelante en las Cortes, ello no bloquearía la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del próximo año, tal y como ha sucedido en otras ocasiones.
La última vez que esto ocurrió fue en 2018, cuando el PP rechazó en la Cámara Alta el techo de gasto del Gobierno de Pedro Sánchez para el año de 2019. Aquella vez, el Gobierno decidió valerse de la anterior referencia de déficit y deuda para presentar el proyecto presupuestario, que finalmente fue rechazado por el Congreso --el Senado no tiene poder para vetar el proyecto--.
Ahora, no obstante, el escenario es más incierto ya que, con las reglas fiscales europeas suspendidas desde 2020, no existen tales objetivos fijos de ejercicios pasados recientes, sino referencias orientativas.
Así las cosas, la previsión de la vicepresidente cuarta del Gobierno y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, es tener aprobados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 a lo largo del primer trimestre del año con el apoyo de los socios del PSOE en el Congreso, pues su respaldo a las cuentas públicas "formó parte de las conversaciones" de los pactos de investidura.
EL PSOE QUISO CAMBIAR LA LEY PARA EVITAR ESTE VETO
El PSOE ya intentó en 2018 introducir una reforma legal para sortear un veto del PP en el Senado, de modo que si sólo era la Cámara Alta la que rechazaba los objetivos presupuestarios del Gobierno, valía con que volviera al Congreso para poder aprobarse el techo de gasto con una mayoría simple, es decir, con más votos a favor que en contra.
Se trataba de una enmienda a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que los socialistas querían introducir a una proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género.
"Si aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por el Congreso, los mismos fuesen rechazados por el Senado, dichos objetivos se someterán a una nueva votación en el Congreso, aprobándose si este los ratifica por mayoría simple", rezaba la enmienda del PSOE, que nunca se introdujo a la ley citada.
Desde el PP ya han advertido de que la formación recurrirá a instancias nacionales y europeas si el Gobierno acaba llevando a cabo una reforma de la Ley Presupuestaria para sortear la capacidad de veto irrevocable que tiene el Senado sobre los objetivos de estabilidad y deuda pública, prólogo de la preparación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
BRUSELAS DA EL VISTO BUENO AL PLAN PRESUPUESTARIO DE 2024
De cara al próximo ejercicio, el Gobierno en funciones remitió en octubre el plan presupuestario de 2024 a Bruselas, que incluía una previsión del déficit en el entorno del 3% para el año próximo y una ratio de deuda pública por debajo del 110% del PIB ya para 2023.
El plan contemplaba una flexibilización del déficit para las comunidades autónomas en 2024, con una tasa del 0,1%, frente al equilibrio presupuestario recogido en el Programa de Estabilidad del pasado abril. Esa décima de más margen para las comunidades autónomas será asumida por la Administración Central, cuyo déficit en 2024 será del 2,9%, frente al 3% de la previsión anterior.
Por su parte, la Seguridad Social mantiene el déficit previsto en el 0,2% para 2024, tal y como figuraba en el Programa de Estabilidad. Para las entidades locales se mantiene también la proyección de un superávit del 0,2% para el próximo año.
Justo esta semana, la Comisión Europea ha dado su visto bueno al proyecto presupuestario de España, pero ha instado al nuevo Gobierno a presentar un plan actualizado "lo antes posible", ya que el actual fue remitido en octubre por el Ejecutivo en funciones --como el caso de Eslovaquia, Luxemburgo y Países Bajos--, al tiempo que advertido de que el país afrontará una situación fiscal "muy difícil" en 2024 con un déficit por encima del límite del 3% y una deuda "bastante elevada".
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