ACUTRAVI apoya por tanto la petición que le han hecho por carta desde CONFEBUS (Confederación Española de Transporte de Autobús) y ATUC (Asociación de Transporte Públicos Urbanos y Metropolitanos) a la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, expresando su preocupación por las repercusiones que tendría esta modificación legal de la jornada de trabajo.
Señalan que esta queja va más allá del aspecto económico porque hay una imposibilidad de trasladar los incrementos de costes a aquellas explotaciones que se rigen por contratos de concesión, debido a la legislación en materia de contratación pública. Además, destacan la imposibilidad impuesta por la tasa de reposición de realizar nuevas contrataciones.
En línea con estas peticiones, ACUTRAVI señala que debe considerarse el papel estratégico que tiene el sector del transporte en nuestro país y por lo tanto escuchar sus prioridades.
Sobrecoste
ATAC y CONFEBUS han encargado un informe especializado para saber cuál sería el gasto de personal asociado a la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, destacando que el montante podría superar los 300 millones de euros anuales.
Esta cifra se considera “insostenible” por estas dos organizaciones, señalando que estamos en un sector que ha sido muy castigado con la pandemia, además de afrontar en los últimos tiempos un incremento de costes considerable.
Desde ATAC y CONFEBUS apuntan que la productividad del sector está directamente relacionada con el número de horas trabajadas, debido a las características de la actividad en sí, por lo que una reducción de horas implicaría una caída de esta productividad en sí.
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