En concreto, el sector hostelero ha reiterado que tiene un "fuerte compromiso con la acción climática", pero hay aspectos en esta norma que complican la operativa y capacidad de actuación de las más de 300.000 empresas que componen la hostelería, de las cuales el 95% son micropymes.
De esta forma, la patronal hostelera, alineada con la organización europea Hotrec, reclama exenciones para avanzar y que se tenga en cuenta la naturaleza del servicio, así como el tamaño de la empresa, sobre todo en lo relativo a las pymes.
Así, considera necesario la aplicación de exenciones en las pequeñas y medianas empresas como una forma de crecer hacia prácticas más sostenibles que propone la normativa.
Respecto a la responsabilidad ampliada del productor establecido en el ámbito de la Unión Europea, desde Hostelería de España aclaran que hay muchas de sus empresas que no realizan actividades de envasado y pueden ser consideradas como tal debido a la amplitud o generalización de las definiciones realizadas por el Real Decreto 155/2022.
De esta forma, señalan que este espectro tan amplio produce que empresas pequeñas podrían estar sometidas a obligaciones que no pueden ni deben asumir, como, por ejemplo, el deber de inscripción en el Registro de Productores del Producto y la obligación de tener un régimen de responsabilidad colectiva o individual.
La disposición establecida en el art. 15 del Real Decreto 1055/2022, párrafo segundo, relativo a los envasadores comerciales de menos de 50.000 kilos, debería operar como una exención en general para todo tipo de envasadores de inscripción en el Registro para todo tipo de envases, o, por lo menos, que en esos casos sean los fabricantes, importadores o adquirientes de esos envases los obligados a inscribirse. De esta forma, se podría controlar de manera más eficiente y controlada la puesta en el mercado de envases, no trasladando la carga de información a pequeños comercios que apenas usan envases.
Hostelería de España recuerda que se alinea con las posturas de distintas organizaciones empresariales, como CEOE, que defiende la necesidad de realizar un análisis de la norma estableciendo unos plazos que sean suficientes para que las empresas puedan adaptarse a los cambios,además de flexibilizar ciertas disposiciones para permitir que se cumpla con la normativa y reducir la carga burocrática, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas.
De esta forma, para que la transición sea lo menos complicada posible, hace un llamamiento a la colaboración público-privado para que se implanten medidas que ayuden a las empresas a alcanzar los objetivos marcados, incluida la financiación, ya que hay recursos aplicables a sostenibilidad en los Fondos Next Generation.
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