Es el primer debate de un gobierno de coalición que aglutina a las dos fuerzas de izquierdas. Una coalición que en menos de dos meses de vida ha provocado sonoros desvaríos a propósito del tema catalán y han llevado a Castilla-La Mancha y a su presidente a las portadas nacionales y no precisamente para bien. Un gobierno de coalición que es con Podemos, aunque el Presidente estuvo valorando hacerlo con el PP. Se llegó incluso a echar números sobre la condición que ponían los populares, la bajada de impuestos. Finalmente, se decidió que el coste económico era inasumible -así lo trasladó Ruiz Molina a los negociadores- y García-Page decidió el pacto con Podemos, que sólo suponían 20 millones adicionales y que -paradojas-, era el dinero que la Comunidad iba a recibir de más del Estado como financiación.
A las 11,30 del miércoles el presidente subirá a esa tribuna parlamentaria por obligación reglamentaria, por imperativo legal. Es un paréntesis institucional en un momento en el que se ve inmerso en un proceso congresual interno en el que “una liebre”, José Luis Blanco, un gran desconocido le logró morder el 30 por ciento de los votos y poner en cuestión su liderazgo. Visto lo visto, la tapada se frotó las manos esperando el momento bueno, el de la candidatura de 2019.
En el debate, el gobierno y su presidente, Emiliano García-Page, se afanarán en presentar una Comunidad que prospera en lo económico, con las finanzas públicas saneadas y que recupera los servicios sociales. Es la idea fuerza que repiten todos los miembros del gobierno y del grupo parlamentario que le apoya.
Más allá del debate político, de torcer las estadísticas en uno u otro sentido, la foto fija de Castilla-La Mancha a día de hoy muestra a una comunidad que casi diez años después del crack, todavía no ha terminado de salir de la crisis. La caída del ladrillo se llevó por delante, no sólo a la primera entidad financiera de la Comunidad, al gobierno de turno, miles de empresas y puestos de trabajo, lo que es más importante cambió la vida y la forma de vida de todos los ciudadanos. La crisis deja sentir sus últimos coletazos y lo mismo que afectó a los gobiernos de Barreda y Cospedal, sacude aunque de forma más suave al de García-Page.
Los que llegaron al gobierno hace dos años tras los duros ajustes obligados por la crisis no terminan de aportar un plus a la propia dinámica social y económica de la sociedad civil. Se han subido a la ola nacional y europea y, a veces, los resultados dicen que no saben cabalgarla. Los coletazos de la crisis les devuelven al agua.
Los buenos deseos de cualquier gobernante topan con la falta de recursos necesarios para llevar a cabo esos buenos propósitos y al gobierno le toca vivir en sus carnes lo que criticó a su predecesora. Son los coletazos de la crisis.
2016 fue el año de la última década en la que el gasto del gobierno regional fue el más bajo, más que en los gobiernos de sus predecesores, María Dolores Cospedal (PP) y José María Barreda (PSOE). La causa principal hay que buscarla en ese deseo de proyectar que se hace más que antes, que se recupera el pulso y los servicios públicos, que no se hacen recortes. Y, finalmente, los recortes llegan por la falta de fondos en unas ocasiones -las más- y por la falta de diligencia y capacidad, en otras. Con los recortes se trató de cumplir con el obligado objetivo de déficit. Pero tampoco. No se cumplió en 2015 ni en 2016. Ese incumplimiento ha estado acompañado por una cada vez mayor dependencia de los préstamos del Estado para poder atender a los acreedores financieros y comerciales. El gobierno regional trató de aumentar los ingresos mediante una mayor presión fiscal, pero esa medida tuvo un efecto adverso y recaudó menos que antes.
Hacienda ha logrado reducir el Periodo Medio de Pago a sus proveedores, pero mensualmente todavía se cuentan en centenares de millones la deuda no financiera del Gobierno y la financiera bate récords.
En la economía privada, se desacelera el dinamismo empresarial y la actividad emprendedora. Las buenas previsiones de los servicios de estudios no se terminan cumpliendo y los resultados quedan por debajo de esas expectativas. La economía regional crece por encima de dos puntos, que es la línea que los economistas determinan como límite para la creación de empleo, pero el crecimiento se desacelera.
En lo social, se mantiene un sistema de dependencia de bajo coste y baja calidad, que precisa de 45 millones anuales más para poder cubrir a todos los dependientes.
En sanidad, las inversiones se proyectaron para iniciarse el año pasado, pero se paralizaron (recortaron, en términos políticos) por la falta de fondos y se han retomado este año, aunque a un ritmo lento, porque juegan como comodín para el cumplimiento del objetivo de déficit. Se han mejorado las listas de espera de atención por un especialista, pero se han deteriorado y mucho las de pacientes que aguardan una operación, generando un problema estructural grave, en el que más de la tercera parte de los operaciones deben aguardar más de 180 días.
Desde la oposición, se apunta a que se ha torcido la senda de la recuperación que se inició en el último periodo del gobierno anterior, tras una primera etapa en la que ese gobierno de María Dolores Cospedal tuvo que estabilizar la economía y garantizar la prestación de esos servicios públicos. Y que algunas actuaciones, sobre todos en materia de finanzas públicas empiezan a dar síntomas de preocupación y de vuelta a las andadas.
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