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El riesgo a un recurso contra los presupuestos obliga al PSOE a matizar la regulación sobre el control financiero sobre la UCLM
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El riesgo a un recurso contra los presupuestos obliga al PSOE a matizar la regulación sobre el control financiero sobre la UCLM

lunes 27 de noviembre de 2017, 23:12h
Las advertencias de juristas próximos al gobierno sobre la posible ilegalidad del control financiero y económico, que quiere ejercer la Consejería de Hacienda sobre la Universidad y que figura en el proyecto de presupuestos, han llevado al PSCM-PSOE a tratar de matizar el alcance de ese control. La reacción del grupo socialista llega tras los excesos verbales desde el gobierno contra la Universidad y la manifestación de estudiantes pidiendo una financiación adecuada. Esa enmienda no fue secundada por Podemos, socio de gobierno del PSOE.

El gobierno ha desoído hasta ahora las voces que le advertían del exceso que estaba cometiendo y que, de aprobarse la ley de presupuestos tal y como está redactada en lo referido al control económico y financiero de la Universidad, un recurso de la Universidad tendría muchas posibilidades de prosperar en los tribunales y tumbar la ley. De hecho, la primera advertencia llegó en modo de voto particular en el dictamen del Consejo Consultivo al proyecto. Sin embargo el gobierno regional no tuvo en cuenta esta advertencia.

Es más, según fuentes parlamentarias consultadas, el gobierno no habría incluido este voto particular discrepante en la documentación que acompañaba a la ley en su presentación en las Cortes. Ese proceder podría suponer la nulidad del dictamen del Consejo Consultivo y afectar a la propia legalidad del proyecto de ley.

El grupo socialista trata de explicar esta enmienda como un gesto conciliador hacia la Universidad y para distender la situación y abrir los cauces al diálogo, hasta el punto de estar convencido de que la nueva redacción podría ser asumida por la UCLM. Sin embargo, la amenaza de que se pueda tumbar la ley ha sido el factor determinante.

En un voto particular en el dictamen de la ley emitido por el Consejo Consultivo, los consejeros Fernando Torres y Enrique Belda veían la propuesta del Gobierno contraria a ley. Los consejeros afirmaban en su escrito que “el sobredimensionamiento del control económico y financiero del Gobierno regional sobre la Universidad, y la más que posible inadecuación de las fuentes empleadas, generan muchas dudas. Todas permanecen derivadas de esta pretensión de extrema vigilancia económica y presupuestaria”.

La cuestión de fondo es que el gobierno no tiene legitimidad para fiscalizar en su totalidad a una institución a la que concede una subvención. Esa capacidad está limitada al dinero de la subvención, pero no a todo el presupuesto de ingresos y gastos. El gobierno regional abre la puerta a hacer lo mismo con los ayuntamientos, empresas y organizaciones no gubernamentales a las que conceda una subvención, algo que no hacía la Sindicatura de Cuentas, que fue el máximo órgano externo de control y que quedaba bajo el control del Tribunal de Cuentas.

Por su parte, los consejeros del Consultivo que emitieron el voto particular esgrimen sentencias del Tribunal Constitucional en las que se recoge que la capacidad de una Comunidad Autónoma para regular el proceso y las cuestiones formales en estos ámbitos presupuestarios y financieros tiene su fundamento en la coordinación de la actividad del sector público en su ámbito territorial y, muy especialmente, del sistema universitario en el caso de aquellas regiones en las que conviven varias universidades. “Sin embargo -dice el voto particular- el Tribunal Constitucional establece que tales marcos, procedimientos y normas, no pueden interferir en el pleno ejercicio de la autonomía financiera de la que disfrutan las universidades en cuanto a los presupuestos que decidan elaborar, aprobar y gestionar”.

Torres y Belda y advierten también al gobierno “de los riesgos que asume con este anteproyecto”. A juicio de los vocales del Consejo Consultivo, el gobierno regional no termina de aclarar sus intenciones sobre si, en la práctica, quiere que el legislador autonómico modifique el marco básico con rango orgánico definido para las universidades públicas o incluso, si pretende hacerlo a través de esta ley regional de presupuestos generales, cuando ni la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera ni la Ley Orgánica de Universidades prevén que las Comunidades Autónomas puedan legislar sobre estas materias.

En el voto particular, Torres y Belda avisan también de que además de ir contra la autonomía universitaria, se produciría una invasión de las competencias del Tribunal de Cuentas por parte del gobierno regional. "La extralimitación planteada es de tal envergadura -añade el voto particular- que conduce incluso a la cuestión de si la Comunidad Autónoma persigue convertir a su Intervención General en una suerte de órgano de control externo, suplantando así el papel que venía correspondiendo a la Sindicatura de Cuentas y que ahora asume en exclusiva el Tribunal de Cuentas en Castilla-La Mancha”.

Precisamente esta invasión de competencias por parte del gobierno abriría la puerta a otro recurso por parte del Tribunal de Cuentas. Con la amenaza de posibles recursos por parte de la oposición, la Universidad y del Tribunal de Cuentas, el grupo socialista se ha visto obligado a suavizar el pretendido control con una nueva redacción en la que se abre la puerta a que el gobierno regional pueda llevar a cabo auditorías anuales sobre las cuentas.

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