Mientras aguantan la infradotación, llevan a cabo una negociación con el ejecutivo para que la subvención nominativa se vaya recuperando progresivamente. Se firma un primer acuerdo para los años 2014 y 2015 con las vistas en una renovación del mismo tras la formación del gobierno. Pero tras las elecciones, el nuevo gobierno constata que no hay fondos suficientes para cubrir el anunciado plan de recuperación de los servicios y mantiene los recortes en algunos de ellos. Entre estos está la Universidad, en la confianza de que se siga manteniendo con el remanente. Pero la Universidad, que ha sido solidaria con el gobierno durante todo el periodo, va agotando su colchón financiero y se lo hace saber al consejero de Hacienda, al que pide que se avance en la senda marcada por el ejecutivo anterior de ir recuperando el equilibrio en la subvención nominativa.
El gobierno habla de un contrato programa que nunca ultima y va dando largas a la Universidad para ganar tiempo, ahorrarse fondos y destinar los recursos a otros servicios públicos. Pero en julio pasado la UCLM le advierte de que el colchón se ha acabado y que no puede hacer frente al pago de las nóminas del personal. El gobierno regional tiene que hacer un adelanto pero desconfía de que la Universidad ya no tenga remanentes.
En ese momento, el ejecutivo tiene ultimado los presupuestos de 2017 y está preparando los de 2018. Decide entonces que la Universidad le rinda cuentas para saber si existe o no colchón financiero, e incluye en el proyecto de ley para el año que viene una disposición por la que toma el control económico y financiero de la Universidad. La jugada procede de Hacienda y del núcleo duro del gobierno, mientras que Educación es partidaria de la negociación, del acuerdo y de establecer un sistema objetivo de financiación de la Universidad.
En el trámite de información por el Consejo Consultivo, los consejeros que no han sido nombrados por el apartado del gobierno advierten que las pretensiones del gobierno invaden las competencias y la autonomía de la Universidad, así como las competencias exclusivas de control externo del Tribunal de Cuentas.
En paralelo, se produce la discusión de las cifras. La Universidad trata de lograr una financiación adecuada que le permita, al menos, cubrir las nóminas del personal con el dinero procedente del gobierno. Pero el ejecutivo, que quiere un presupuesto ajustado que le permita cumplir el objetivo de déficit, hace un proyecto de gastos que en su conjunto crece poco y en el que buena parte de la subida va destinada a contentar a los empleados públicos con la recuperación del 1,5% perdido durante los años euros de la crisis. Se encuentra con que su política sanitaria hace aguas y necesita reforzar el SESCAM. En educación tiene una protesta de 5.000 interinos, a los que tiene que garantizar el sueldo los meses de verano. Hacienda se mueve en los grandes números y sacrifica a la Universidad por contentar a más gente en el último año de legislatura. El consejero sigue sin creerse que la Universidad haya agotado su remanente.
La Universidad anuncia un plan de ajuste que afecta a becas, personal e investigación. El anuncio coge por sorpresa al gobierno. En la primera reacción, el sector duro del gobierno arremete con dureza contra el rector y contra el vicerrector económico, mientras Educación templa y se muestra convencida de un acuerdo.
Pero el acuerdo no llega. Los estudiantes salen a la calle. Los juristas avisan de que el texto del gobierno es endeble y si la Universidad lo recurre tiene todas las posibilidades de ganar. PSOE y Podemos presentan una enmienda para blindar el texto desde el punto de vista jurídico. El PP presenta una enmienda de supresión y pide incrementar la financiación. Prospera la de la coalición de izquierdas, se rechazan las de los conservadores.
Antes de que el pleno dé por bueno la nueva redacción que consagra la Intervención, el Consejo Social de la Universidad se reúne para modificar el plan de inversiones y deja pendiente la aprobación del presupuesto académico para 2018. En un ultimo intento para frenar los planes del ejecutivo, el vicerrector se reúne con Podemos primero y luego con el PP para ver la posibilidad de una enmienda transaccional. El rector propone que se cree la Sindicatura y que fiscalice a la UCLM. El gobierno contesta a las pocas horas por boca el consejero de Hacienda. El presidente no ha aparecido en ningún momento.
Si (
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