Sin embargo, el crecimiento regional no oculta una realidad estructural: solo el 12,7% de la población castellano-manchega dispone de un plan de pensiones, frente al 15% de media nacional, lo que coloca a la región entre las comunidades con menor implantación de este instrumento de ahorro. Únicamente Guadalajara supera esa barrera, con un 17,4% de partícipes.
Otro dato que refleja la debilidad relativa es el patrimonio medio por cuenta, que en Castilla-La Mancha se sitúa en 10.233 euros, claramente por debajo de los 12.616 de media nacional y a mucha distancia de comunidades como Navarra o País Vasco, donde supera los 18.000.
El peso de la renta variable en los planes de la región es también reducido (14,1%), frente al 20,5% del conjunto del país, lo que limita la capacidad de obtener mayores rentabilidades a largo plazo. El crecimiento registrado en 2024 se explica más por la buena evolución de los mercados financieros que por un aumento real en las aportaciones, frenadas en los últimos años por la reducción de los incentivos fiscales.
En términos nacionales, el ahorro en planes de pensiones alcanzó los 92.242 millones de euros (+8,6%), equivalente al 5,8% del PIB. Una cifra muy alejada del promedio de la OCDE, donde estos productos representan el 58,1% del PIB, lo que evidencia la falta de impulso del ahorro privado en España.
Un desafío pendiente
El Observatorio Inverco y la OCDE coinciden en señalar la necesidad de reformas para fomentar el ahorro a largo plazo: reforzar los planes de empleo, revisar las restricciones de liquidez y mejorar los incentivos fiscales. Mientras tanto, Castilla-La Mancha refleja de manera clara el problema de fondo: aunque el volumen total crece, la base de ahorradores es reducida y el patrimonio medio, insuficiente para afrontar con garantías la jubilación en un contexto de pensiones públicas cada vez más tensionadas.