El Ejecutivo justifica el retraso en la necesidad de asegurar una implantación “ordenada y homogénea” del sistema, después de constatar que la mayoría del tejido empresarial no estaba preparado para cumplir los plazos inicialmente previstos para 2026. Distintos estudios realizados en los últimos meses ya advertían de la situación: apenas un 8% de las pymes y autónomos había adaptado su software de facturación a los requisitos exigidos por Verifactu y una parte significativa desconocía qué pasos debía seguir o no tenía un plan definido para actualizar sus sistemas.
Preocupación por los plazos y alivio generalizado
El aplazamiento ha sido recibido con alivio por buena parte de los colectivos profesionales. Gestores administrativos, asesores y organizaciones empresariales consideraban que el calendario original era demasiado ajustado y alertaban del riesgo de que miles de negocios se vieran forzados a acometer cambios tecnológicos sin la preparación ni el soporte necesarios.
Aun así, estos grupos reclaman claridad definitiva sobre el alcance de la obligación, ya que persisten dudas entre los pequeños negocios sobre quién debe adaptarse, cómo comunicar datos a la Agencia Tributaria y qué requisitos deben cumplir los programas certificados. También subrayan que la prórroga solo será útil si se aprovecha para ordenar la transición y evitar un colapso de última hora.
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