Aunque el mercado ofrece modelos desde 30 euros, la mayoría de balizas V16 homologadas con conectividad (requisito indispensable para cumplir la norma) se sitúan en un rango de 40 a 50 euros, por lo que el precio medio más realista se aproxima a los 40 euros.
Este importe incluye la tecnología de geolocalización que permitirá enviar automáticamente la posición del vehículo averiado a la DGT, sustituye por completo a los triángulos y evita que el conductor tenga que bajarse del vehículo en una situación de riesgo.
En España circulan unos 26 millones de turismos. Si todos ellos acabaran adquiriendo la nueva baliza, algo razonable dado el carácter obligatorio del dispositivo, el desembolso agregado de los conductores alcanzaría los 1.040 millones de euros. En Castilla-La Mancha, donde hay un parque cercano a 1,23 millones de turismos, el gasto sería de 49,2 millones de euros para los conductores.
El impacto fiscal: una recaudación de 218 millones de euros para Hacienda
La baliza V16 no se beneficia de ninguna bonificiación y tributa al tipo general del IVA (21 %). Cada unidad vendida genera de media unos 6,94 euros de impuesto, lo que sitúa la recaudación estimada en 218 millones de euros en toda España y 10,3 millones de euros tan solo en Castilla-La Mancha. Se trata de una cifra nada desdeñable, que se sumará a la recaudación anual por el mantenimiento del parque automovilístico.
En otras palabras, solo por la implantación de este dispositivo, el Estado ingresará una cantidad superior a la recaudación anual del impuesto sobre vehículos de muchas ciudades de tamaño medio.
Un negocio en auge y un debate abierto
La obligatoriedad de la V16 ha creado un mercado nuevo en el que compiten fabricantes de tecnología, empresas de iluminación, aseguradoras y hasta grandes superficies. Las ventas han crecido de manera acelerada y se espera un pico significativo en 2025 y 2026, cuando se aproxime la fecha límite para su uso obligatorio.
Sin embargo, también ha abierto un debate entre conductores y asociaciones de consumidores, que cuestionan el elevado coste del dispositivo en un contexto de presión económica., la necesidad real de sustituir los triángulos (que se mantienen en el resto de Europa) por una tecnología conectada y, finalmente, el beneficio para el Estado en forma de una recaudación fiscal elevada.
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